Un sector de las redes sociales manifestó su repudio al decreto presidencial recién publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que le confiere propiedades “de interés público y seguridad nacional” a los proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal.
Éste fue dado a conocer la tarde de este lunes y pretende, en el fondo, sortear recursos judiciales interpuestos para frenar su desarrollo y, también, evitar transparentar procesos y costos al respecto.
“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, señala el Acuerdo publicado en la edición vespertina del DOF.
El beneficio sería para proyectos y obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles, así como energético, puertos, aeropuertos y aquellos que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
El acuerdo, según argumenta el Ejecutivo federal, servirá para consolidar los proyectos que llevarán al crecimiento económico y al bienestar social.
Por lo tanto, las diversas entidades por las que deban pasar los trámites, tendrán que darle celeridad a los mismos e incluso otorgarles permisos provisionales para poder arrancar.
“Se instruye a las dependencias y entidades (federales) a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior”, refiere el texto.
“Y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, añade.
Especialistas en transparencia y legalidad advierten que esto puede resultar contraproducente y ejemplifican con el tema del medio ambiente, cuyos permisos son más minuciosos y el daño, dada la autorización provisional inmediata, sería irreversible.
Aunado a ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) analiza el decreto y advierte que la Administración federal puede llegar a reservar la información relacionada con las obras cuyos detalles deberían ser públicos.
“INAI analiza de fondo el Acuerdo, publicado hoy (lunes) en el Diario Oficial de la Federación, por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados”, manifestó el organismo en un comunicado.
Al respecto, esta mañana, el Presidente López Obrador rechazó que la medida busque opacidad, sino más bien, lo que pretende, es evitar retrasos en la construcción de obra pública a causa de amparos promovidos por sectores supuestamente afectados.
“Es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles… pues como 120 días más o menos. Imaginen si a Claudio X. González, papá e hijo, junto con el ex Ministro Cossío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto o que va a ser mucho ruido. Y nos presenta un amparo y cae un amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también, pues ya no terminamos”, declaró el Jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.
En ese contexto, es preciso mencionar que las adjudicaciones directas han sido una constante en la presente Administración.
Tan sólo en el primer año de Gobierno de AMLO, de acuerdo con la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, 3 de 4 contrataciones fueron por adjudicación directa.
Y si hablamos de transparencia, la FGR se ha negado a hacer pública la información relativa al caso Odebrecht, por poner algún ejemplo.
Es decir, que la apertura y transparencia no es lo suyo.
Cabe precisar que la coalición Va Por México anunció que presentará una controversia constitucional contra el decreto.
