En medio de señalamientos de ilegalidad y falta de legitimidad, la directora del Conacyt Elena Álvarez-Buylla nombró a José Romero Tellaeche director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. En respuesta, y ante la negativa a entablar diálogo, los alumnos tomaron las instalaciones de las dos sedes de la institución, una ubicada en Santa Fe, en la Ciudad de México, y la otra en Aguascalientes.
Irregularidad en el nombramiento
- El abogado Javier Martín Reyes, profesor del CIDE, explica que, aparentemente, Elena Álvarez-Buylla no permitió que el Consejo General del CIDE eligiera al nuevo director, siendo el órgano que tiene la última palabra en esta designación. A pesar de que la directora de Conacyt tiene la facultad de “designar y nombrar” al director de la institución, el Consejo General debe aprobarlo, cosa que, aparentemente, no sucedió.
- Romero Tellaeche, explica Martín Reyes, no cumple con los requisitos establecidos para dirigir el CIDE por las siguientes razones (entre otras). Primero, “violó la normatividad del CIDE y los derechos laborales de su personal al suspender las comisiones de evaluación de manera unilateral”. Segundo, “violó el Estatuto del Personal Académico (EPA) al destituir arbitrariamente a Alejandro Madrazo Lajous como director de la Sede Región Centro del CIDE”.
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¿Por qué es importante?
Se trata de una muestra más de la deriva autoritaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. El anterior director, Sergio López Ayllón, renunció por supuestas trabas que puso a su gestión Elena Álvarez-Buylla. Ahora se impone al frente de la institución, mediante un procedimiento irregular, a un personaje afín al movimiento político de López Obrador. Romero considera que el objetivo principal del CIDE no es la investigación ni la docencia, sino, como asegura en su Plan de Trabajo para dirigir la institución, “contribuir a la formación de profesionistas comprometidos con el país y con apoyar a su gobierno”.
El gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por la intención y, en algunos casos, el éxito para controlar cualquier contrapeso a su poder. Hasta ahora, sus ataques contra las instituciones de educación superior habían sido más discursivas que operativas. En los meses anteriores criticó a la UNAM por haberse “derechizado” y estar controlada por grupos de interés; sus ataques verbales al ITAM han sido constantes. En algún momento criticó al CIDE por considerarlo un “think tank” de los gobiernos neoliberales.
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La imposición de José Antonio Romero Tellaeche representa el paso del ataque verbal al ataque práctico de las instituciones académicas. No debe sorprender que éste no sea más que el primer paso, y que en las ambiciones autoritarias de control sigan El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que diferencia a estas tres instituciones del CIDE es que cuentan con estatus de autonomía, lo que las hace menos vulnerables a este tipo de ataques. Eso no quiere decir, sin embargo, que estas instituciones o ninguna otra estén blindadas contra el poder autoritario del actual Presidente de la República.
Los impulsores de la transición democrática mexicana estuvieron obsesionados a finales del siglo pasado con acotar el poder de quien se sentara en la silla presidencial. Cada vez queda más claro que no estaban equivocados y que la añorada transición democrática, hoy, sigue siendo una aspiración que no podrá alcanzarse mientras sigamos teniendo instituciones que quiebran sus cimientos al escuchar rugir al presidente en turno.
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