El director interino del CIDE José Antonio Romero Tellaeche destituyó a la Secretaria Académica, Catherine Andrews, por incurrir en “un acto de rebeldía”.

La destitución se da en medio del proceso de selección de un nuevo director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), tras la renuncia de Sergio López-Ayllón como director de la institución. Para cubrir la posición, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, nombró a Romero como director interino, quien es uno de los dos candidatos para encabezar el prestigioso centro de estudios.

Romero destituyó a Andrews este martes por desobedecer su instrucción de suspender las Comisiones Académicas Dictaminadoras (Cadis), en las que los miembros del claustro son evaluados y se determina su permanencia y promoción en la institución. Romero había enviado un correo electrónico el viernes en el que solicitaba a los participantes de las Cadis que no se llevaran a cabo puesto que el CIDE está en el proceso elegir a su próximo director. De acuerdo con declaraciones de miembros de esta comunidad académica, el director interino no tiene facultades para cancelar estas sesiones.

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Por la tarde, Catherine Andrews publicó un texto en el que explicó que ella actuó dando cumplimiento a las normas. “Me queda claro que no he incurrido en ningún ‘acto de rebeldía’ sino que he sido destituida por insistir en que el proceso de evaluación del profesorado investigador y asociado se realice conforme al EPA y al Reglamento de la CADI. Es decir, por insistir en el cumplimiento de las normas y estatutos”, sostuvo.

La separación del cargo de la Secretaria Académica se suma a otra polémica destitución que hace unas semanas ordenó José Antonio Romero Tellaeche. Bajo la justificación de “pérdida de confianza”, retiró del cargo a Alejandro Madrazo Lajous como director del CIDE Región Centro, en Aguascalientes. La decisión vino después de que Madrazo mostrara su apoyo a los investigadores y las investigadoras que trabajan en el CIDE mediante el esquema del Programa Cátedras Conacyt, y que han visto sus derechos laborales vulnerados por decisiones del propio Conacyt.

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