El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva por defraudación fiscal o por la expedición, venta o adquisición de comprobantes fiscales falsos.
En noviembre de 2019, el Congreso aprobó reformas que imponían prisión preventiva para quienes incurrieran en estas faltas. Con las modificaciones de hace casi dos años, los delitos fiscales se incluyeron en el catálogo de delitos de delincuencia organizada y se consideraba que ponían en riesgo la seguridad nacional.
Los ministros y las ministras de la SCJN determinaron que las reformas en cuestión son inconstitucionales puesto que los delitos que el Congreso incluyó en las reformas no están mencionados en el artículo 19 de la Constitución, donde se enlistan las faltas que ameritan prisión preventiva.
Además, por mayoría, la Corte juzgó excesivo que los delitos fiscales se consideraran una amenaza a la seguridad nacional.
Sólo tres integrantes del pleno de la SCJN votaron a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales: el ministro ponente José Fernando Franco González Salas y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat. Las últimas dos fueron propuestas por el presidente López Obrador y se han caracterizado por respaldar los intereses de AMLO y Morena con sus votos y en la Corte.
¿Por qué es importante?
La Suprema Corte se pronunció sobre el tema en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentaron senadores y senadoras de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La resolución de la Corte es, en consecuencia, un triunfo del respeto a la Constitución, pero también un triunfo de los partidos de oposición.
Morena y sus aliados impusieron estas reformas con su aplastante mayoría durante la legislatura anterior. Una vez más, el Poder Judicial funge como auténtico contrapeso a los abusos que impulsa Morena desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La independencia del Poder Judicial es siempre un elemento indispensable para proteger la democracia y el Estado de derecho. Su importancia se hace aún más evidente durante el mandato de un presidente como López Obrador, que decide ignorar la ley cuando no está alineada con sus intereses políticos.
