Con 106 votos a favor, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Esta ley regula el proceso de desafuero, la responsabilidad penal del Presidente de la República y el juicio político. El juicio político es el procedimiento mediante el cual el Poder Legislativo define la culpabilidad o inocencia de ciertos servidores públicos de alto nivel, incluido el Presidente de la República.

Los Senadores hicieron modificaciones con respecto a la versión que recibieron de la Cámara de Diputados. La más importante es que no se retira la facultad a los congresos locales de tener la última palabra para desaforar gobernadores y otros funcionarios locales. Con la versión anterior, en caso de desafuero, los poderes legislativos estatales simplemente debían acatar la decisión de la Cámara de Diputados federal. 

Este punto se discutió intensamente, pues los partidos de oposición se negaban a retirar esta facultad a los legislativos locales.

Puesto que los senadores realizaron modificaciones al proyecto que enviaron los diputados, regresa a la cámara de origen para que vuelva a discutirse y votarse. 

Son buenas noticias. No se comprometió la soberanía de los estados. Al menos esta vez, los políticos de ambos bandos, Morena y sus aliados de un lado y PAN-PRI-PRD del otro, mostraron capacidad para negociar en beneficio del bien común. 

Comisiones del Senado avalan Ley de Juicio Político; pasa al pleno