El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, recibió a cinco representantes del grupo de treintaiún académicos y científicos acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada. La reunión tuvo lugar el 29 de septiembre a petición del colectivo investigado, representado en el encuentro por Enrique Cabrero, Gabriela Dutrénit, Rodrigo Roque, Julia Tagüeña y José Franco.
Franco declaró que solicitaron la cita con el propósito de expresar su agradecimiento por el manejo “profesional e imparcial” del juez Gregorio Salazar en este caso, que en dos ocasiones rechazó las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).
Por su parte, el ministro Zaldívar aseguró que “el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.
El 21 de septiembre, el juez Salazar determinó que no hay delito que perseguir, puesto que en agosto de este año la Segunda Sala de la Suprema Corte declaró que la transferencia de recursos de Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue legal. A pesar de esto, la FGR ha anunciado que volverá a emprender acciones legales contra las treintaiún personas señaladas.
El presidente López Obrador se ha referido en más de una ocasión a este caso. Sus declaraciones han propiciado estereotipos sobre académicos y científicos, mostrándolos como codiciosos y elitistas. Una de las más recientes tuvo lugar en su conferencia matutina del 29 de septiembre, en la que criticó que los gastos por alimentos de los investigadores acusados no se hicieran en fondas (establecimientos que, regularmente, no emiten facturas, necesarias para comprobar los gastos del dinero público que se recibe). En una intervención más que busca marcar distancias y diferencias entre grupos de la sociedad, afirmó: “de lo que se pierden no comiendo en fondas, es lo más suculento en el país”.
