Al inicio de la cuarentena, el Ministro Arturo Zaldívar expresó que en un contexto de emergencia sanitaria es imprescindible garantizar el acceso a la justicia para que las personas puedan hacer valer sus derechos, sin poner en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población.

 

En su informe de diciembre del 2020 se mostró orgulloso de los logros alcanzados: “Cuando en el futuro la historia dé cuenta de la pandemia de 2020 uno de los legados será, sin duda, el de la justicia digital. La expansión y mejora de los servicios de justicia mediante las nuevas tecnologías han sido un compromiso central desde el inicio de esta administración, que se consolidó este año gracias al trabajo de cientos de profesionales”.

 


Sin embargo, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021, la pandemia por Covid-19 impactó de manera importante las actividades del Poder Judicial de la Federación.

 

Durante 2020, se iniciaron apenas 376 procedimientos de responsabilidad administrativa a 446 servidores públicos, cuando el año anterior se contabilizaron habían realizado más de 3,200 procedimientos. Por su parte, la labor de transparencia también se afectó, al publicarse 50% menos sentencias que en 2019.

 

El Censo, elaborado por el INEGI, también registró una disminución de 18.4% en los asuntos y servicios atendidos por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2020 VS 2019.

 

Actividad delictiva durante la pandemia

 

El virus no transformó la conducta de la población, sino que se denunció menos: en 2020 se registraron 27,545 delitos federales y en comparación con 2019, la disminución fue de 42.8 por ciento.

 

Respecto del tipo de delitos registrados en 2020, 58.3% (16,071) correspondió a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. En comparación con 2019, hubo una disminución de 25.5 por ciento.

 

Perfil de los delincuentes

Los datos muestran que 14.1% contó con un rango de edad de 18 a 29 años y con estudios a nivel de secundaria (14.6%). El 14.3% indicó no ejercer alguna ocupación.

 

Aunque en 2020, la carga de asuntos fue de 689,269, cantidad 40% menor que el año anterior. Aún hay mucho por hacer para dotarlos de presupuesto y personal suficiente. Por ejemplo, el Primer Circuito, que corresponde a la Ciudad de México, concentra casi el 40% del total de asuntos (seguidos por Nuevo León con apenas el 10%).

 

La justicia digital en México

 

El 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2” , en el cual se determinó que la procuración e impartición de justicia se consideraran como “actividades esenciales”.

Para garantizar su funcionamiento normal a gran escala, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte emitieron los respectivos acuerdos generales para regular el uso de videoconferencias y expedientes electrónicos. Con los avances tecnológicos se hizo posible sustituir la asistencia presencial a juzgados y tribunales y en muchos casos se pudieron realizar audiencias virtuales.

Recientemente, México Evalúa también analizó las experiencias de nuestro país en el tema de justicia digital:

  • En abril de 2020 había 13 poderes judiciales que contaban con un expediente electrónico; hoy son 23 y uno que está en desarrollo.
  • Otro de los obstáculos es el presupuesto, pues obliga a los poderes judiciales a crear soluciones de bajo costo, como sistemas de citas por correo o teléfono.

 

¿Qué hacemos?

No sólo es necesario realizar una importante inversión en tecnología, sino también en capacitación pues pasar del papel al formato digital implica repensar todo nuestro modelo. La oportunidad para hacer una justicia más veloz y cercana aprovechando los avances tecnológicos, es hoy.