El Poder Judicial de la Federación solicitó un incremento en el presupuesto para garantizar la seguridad de juzgadores y juzgadoras. Para el ejercicio de 2022, se pidió a la Cámara de Diputados un total de 844 millones de pesos para estos fines, 18 millones más que el año anterior. Esta cifra forma parte de los 76,723 millones que el Poder Judicial solicitó para sus actividades del siguiente ejercicio.
Es inevitable traer a la memoria el caso del juez federal Uriel Villegas Ortiz, asesinado junto con su esposa en su domicilio en Colima el 6 de junio de 2020. Villegas había sido responsable de administrar justicia en casos de narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el Cártel Jalisco Nueva Generación estuvo detrás del asesinato.
Que la vida de personas juzgadoras esté amenazada ―o, peor, que la amenaza se consume― pone en riesgo el Estado de derecho y la viabilidad de cualquier nación. Si no tienen la seguridad personal y familiar garantizada, es imposible que cumplan a cabalidad con sus funciones, indispensables para el funcionamiento del país.
¿Está en riesgo o no la autonomía del Poder Judicial?
Mientras tanto, el presidente López Obrador se lanzó hoy mismo, 21 de septiembre, contra el Poder Judicial, asegurando que “no ha iniciado un proceso de purificación, de limpia, que urge llevar a cabo en ese poder”. No es la primera vez que se lanza contra juzgadores y juzgadoras; lo hace especialmente cuando dictan sentencias que difieren de sus opiniones o que ponen frenos a políticas suyas o de su partido que violan derechos. Tal es el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ha concedido amparos a quienes han sido agraviados por la contrarreforma eléctrica del gobierno federal o por la reforma de telecomunicaciones que pide el registro de datos biométricos de las personas usuarias. En un claro acto intimidatorio y violando la división de poderes, AMLO solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que investigara la actuación del juez.
Desde luego que hay muchas áreas de oportunidad en éste y en todos los poderes. Pero eso no justifica que el presidente se lance contra ninguno de ellos o sus integrantes. Igual que hace contra la prensa libre o las organizaciones de la sociedad civil, el presidente estigmatiza a las personas juzgadoras, fomentando un contexto de tolerancia o indiferencia hacia la violencia que sufren o de la que puedan ser víctimas.
Seguramente, la actitud del presidente no cambiará. Ojalá al menos el Congreso atienda la solicitud presupuestal del Poder Judicial para mejorar sus capacidades de protección a la vida de juzgadores y juzgadoras.
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