El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió el 14 de septiembre a la CNDH a presentar una queja por lo que considera una violación sistemática de derechos humanos. El documento va dirigido a la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra. Se denuncia en el texto la presunta intromisión del crimen organizado para favorecer a Morena en las pasadas elecciones en Michoacán y la negativa del presidente López Obrador a recibirlo en su carácter de gobernador constitucional de una entidad federativa.
¿Qué está buscando Aureoles?
Su gobierno está a pocos días de concluir, pues Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, tomará posesión el 1 de octubre. Es claro que será poco o nada lo que Aureoles, del PRD, podrá lograr en unos cuantos días. La CNDH no procesará su queja en sólo un par de semanas y no logrará que AMLO lo reciba en Palacio Nacional, cuando se ha negado a hacerlo durante meses.
Huele a miedo. Aureoles ha declarado que es víctima de persecución política. Ha asegurado que ha recibido amenazas de miembros y simpatizantes de Morena, además de tener una denuncia por traición a la patria, ejercicio ilícito del servicio público y actos de corrupción.
Silvano Aureoles se caracterizó en el último periodo de su gestión por ser abierta e insistentemente crítico del presidente López Obrador y su gobierno. Entre otras acciones, acudió ante la Organización de los Estados Americanos (confrontada con el gobierno en turno) para alertar sobre los riesgos de que México se convirtiera en un narcoestado debido a la política de seguridad fallida de López Obrador.
Mientras Silvano Aureoles da patadas de ahogado en la CNDH, dos gobernadores salientes de oposición reciben invitaciones para sumarse a la administración de AMLO: el priista Quirino Ordaz, de Sinaloa, será Embajador en España, mientras el panista Antonio Echevarría, de Nayarit, ya aceptó la invitación y está en espera de que le comuniquen el cargo que ocupará.
Dos datos importantes diferencian a Aureoles de Ordaz y Echevarría. El primer dato: el sinaloense y el nayarita se distinguieron por cooperar sin chistar con el gobierno de López Obrador, aunque fuera en detrimento de sus gobernados. El segundo dato: sobre ambos pesa la acusación de haber operado en favor de Morena en las pasadas elecciones (incluso con la participación del crimen organizado). Según esta versión, a cambio evitarían que el gobierno de AMLO procediera contra ellos por posibles delitos cometidos.
Parece que Aureoles quiere preparar su defensa en caso de que el gobierno federal proceda en su contra. Tal vez crea que de algo servirá hacer ruido acusando a AMLO y sus aliados de persecución política y sentar el precedente de que no fue recibido en Palacio.
Suerte distinta será la de Toño y Quirino, cuyo buen comportamiento no sólo pudo haberlos librado de la cárcel, sino que les valió bonitos premios. Debe ser mucho más cómoda la alcoba principal de la residencia del Embajador mexicano en Madrid que una gris celda en Almoloya.
