La 4T nos muestra, una vez más, que la única manera en la que respetan los derechos humanos es cuando los obliga el Poder Judicial. Ahora fueron afectados las niñas y los niños que buscan ser vacunados contra el COVID-19.
Zulma, una niña originaria de Xalapa, Veracruz, tuvo que hacer uso de las redes sociales para que el gobierno federal volteara a ver su caso. Resulta que para nuestras autoridades el riesgo de los niños de morir a causa del COVID-19 es “muy bajo”, por lo que los han dejado fuera de la estrategia de vacunación.
Portafolio amplio de vacunas en México
La mamá de Zulma promovió un amparo para obligar a las autoridades a vacunar a su hija. Le concedieron el amparo; sin embargo, Zulma no ha recibido la vacuna porque se enfrascaron en un pleito legal con tal de no cumplir la orden del juez. La madre, desesperada, declaró que si a su hija sucediera algo grave hará responsables al secretario de salud, Roberto Ramos Alor, y al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.
Las contradicciones
Como siempre, en el gobierno federal “como digo una cosa, digo otra”. El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que se estaba analizando la posibilidad de vacunar contra COVID-19 a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años con condiciones de salud particulares. Pero no tardó en arremeter contra los menores, al señalar que la estrategia de amparos era una “acción concertada” y que estaba “muy raro” que se concentraran en cuatro entidades.
Cabe hacerse la pregunta de si es preciso dar un tratamiento distinto a los menores que presenten otros riesgos de salud, como el caso de Zulma, quien padece diabetes toda vez que, dicho por el propio Hugo López Gatell, esta población debe vacunarse, ya que puede presentar mayor riesgo de complicación.
¿No les importa la salud de los niños?
Tristemente, en medio del tono triunfalista del tercer informe, vemos que de nuevo los hechos nos muestran una realidad distinta a las palabras. Primero los niños con cáncer, luego un regreso a clases sin planeación y con importantes riesgos (como la atención a la salud mental), hoy son los menores que buscan ser vacunados. La constante: lo único que buscan es exigir su derecho a medicamentos, condiciones seguras o un tratamiento que les permita salvar su vida. ¿Es mucho pedir?
Madres y padres de familia en diversas partes del país han tenido que recurrir a los tribunales, pues no les ha quedado de otra. Algunos han organizado grupos de WhatsApp y otros ofrecen su apoyo para asesorar a quienes desean iniciar su batalla en el Poder Judicial. Aunque ha habido esfuerzos y reformas en la materia, lo cierto es que el amparo sigue siendo un juicio complicado y costoso, lo que lo hace poco accesible para la mayoría.
Un gobierno que tanto presume apoyos a los más vulnerables debería poner a la infancia en primer lugar. No sólo eso no sucede, sino que para el presidente “tenemos que correr ciertos riesgos”. ¿Cómo es posible que tengamos un gobierno que ve con ligereza la salud y seguridad de nuestros niños, que ve complots permanentes en las madres y padres que hacen hasta lo imposible por protegerlos? Es un gobierno que sigue viendo a los más vulnerables como enemigos.
