El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en el centro de la polémica. José Luis Vargas, magistrado presidente, fue removido de su cargo en una sesión pública.

Vargas fue acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de presunto enriquecimiento ilícito. Aparentemente, el magistrado habría comprado residencias de valores millonarios en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco. Para la UIF la duda era ¿cómo le alcanzaba para tanto con su sueldo del Tribunal? La persecución ha alcanzado también a su esposa, Mónica Bauer funcionaria de PepsiCo y autora de los libros: “El poder de poder: mujeres construyendo Latinoamérica”y “Empowering you, Empowering her”.

 

El escándalo adquirió mayor notoriedad cuando la Fiscalía General de la República (FGR), contrario a lo expresado por la UIF, consideró que no había suficientes elementos para perseguir al magistrado, quien ha insistido que su patrimonio es lícito.

Otra investigación reveló que otros magistrados integrantes del Tribunal utilizaron la tarjeta de crédito institucional para beneficio personal, como gastar en cantinas, cines, tiendas departamentales y sitios de compras en línea.

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue contundente: “si se quiere combatir en serio la impunidad y corrupción en el Tribunal, la ley debe ser modificada”.

En sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados confrontaron al presidente José Luis Vargas para evaluar su desempeño votaron su destitución.

 

Ahí votaron como nuevo Presidente al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el cual lanzó un mensaje:

Como Tribunal constitucional, es nuestro deber y facultad examinar escrupulosamente la legalidad de las decisiones impugnadas, y valorar su conformidad con los principios constitucionales. Es nuestro deber y facultad interpretar el sentido de las normas constitucionales, para armonizar sus contenidos, para dibujar equilibrios en el sistema de derechos y libertades, o, en su caso, para hacer los ajustes necesarios al diseño orgánico del sistema jurídico-político.

 

 

Posteriormente el Presidente Vargas, en otro mensaje, desconoció la sesión en la que se llevó a cabo la votación y la declaró nula de pleno derecho.

 

 

 

¿Quiénes son los integrantes del Tribunal?

 

José Luis Vargas Valdez, alias el “Magistrado Billetes”

Vargas Valdez trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) del 2007 al 2010 y fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, del 2010 al 2012. También fue asesor en el Instituto Federal Electoral (IFE). El 4 de noviembre del 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegó al Tribunal.

 

Primero, empezó protegiendo a los gobiernos priístas, al perdonar la entrega de “tarjetas rosas”, usadas en las elecciones de 2017 en el Edomex y en Coahuila, precisamente ganadas por el tricolor. Posteriormente se alineó con la 4T :

  • Redactó la resolución que buscó anular la elección de Puebla, a fin de darle una nueva oportunidad al morenista Miguel Barbosa.

 

  • Confirmó la sentencia del INE para negarle el registro a México Libre como partido político, organización de los archienemigos Felipe Calderón y Margarita Zavala.

 

  • Votó a favor de que AMLO hable de temas electorales en las mañaneras.

 

  • Ayudó a Pío López Obrador al posponer la investigación en su contra.

 

  • Atrasó unilateralmente y sin justificación, la sesión en la que se resolverían los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

 

  • Viajó al extranjero con motivos laborales pero concluía los mismos con vacaciones familiares con cargo al presupuesto oficial.

 

Janine Otálora Malassis

Luego de dos años y en medio del escándalo por la resolución de la elección de gobernador en Puebla, renunció al cargo. En sus palabras: “la reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores”

A pesar de las múltiples pruebas presentadas, siempre defendió que no se había roto la cadena de custodia de la paquetería electoral.

 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

Llegó a la presidencia luego de la renuncia de la magistrada Otálora. Se le vincula con los manejos y deudas de un taller mecánico que sólo funciona para la flotilla del tribunal, por más de un millón de pesos.

Una investigación reveló que Fuentes Barrera realizó casi 800 movimientos de personal, es decir la mitad del tribunal, específicamente para mandos medios y superiores (los de mayor salario). Se señala también que muchos de estos movimientos fueron para apoyar cuadros de ex funcionarios del sexenio de Peña Nieto que trabajaron precisamente en Presidencia de la República. Además, todos esos movimientos también tenían el objetivo de beneficiar a su familia.

 

Indalfer Infante Gonzales

En el caso de Félix Salgado, argumentó que el INE “violó el debido proceso” al no concederle al candidato derecho de audiencia. Se le cuestionó por elaborar un argumento que culpaba a la autoridad electoral de no apoyar, ni a candidatos ni a partidos, con la debida asesoría para cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma.

 

Mónica Aralí Soto Fregoso

La magistrada no escapa a los señalamientos por presuntas irregularidades en sus operaciones financieras, las de su esposo y dos de sus familiares. También está en la lista de aquellos que tienen más propiedades de las que les alcanzarían con su salario. Por su parte, su padre y hermano han sido vinculados al despojo de tierras en la Sierra y el Golfo de California.

 

Así nació el Tribunal Electoral

En 1987, a partir de una reforma a la Constitución, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, primero especializado en esta materia en nuestro país. Tres años más tarde, pasamos a tener un órgano autónomo. Un nuevo cambio ocurrió en 1996, cuando el Tribunal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación, tal y cómo funciona ahora.

 

El Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. Está conformado por una Sala Superior, integrada por siete magistrados; cinco salas regionales y una sala especializada. Es la encargada de resolver cualquier impugnación que se presente en los procesos electorales federales y locales. Entre sus misiones importantes están:

  1. realizar el cómputo final de la elección presidencial y
  2. formular la declaración de validez del presidente electo.

Desafortunadamente, en los últimos años, se evidenció la parcialidad y se cuestionó su especialización al ceder ante diferentes presiones políticas.

 

¿Y la justicia electoral?

Con graves problemas de nepotismo y de corrupción, así como de poco rigor técnico, una de las instituciones más importantes para el sostenimiento de nuestra democracia se desmorona en la incertidumbre del máximo Tribunal Electoral.

A tres años de la elección presidencial, no podemos hacer otra cosa sino preocuparnos.