En el marco de la conmemoración del séptimo aniversario de la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero, este domingo se llevaron a cabo marchas en diversas partes del país. 

Las más numerosas tuvieron lugar en la Ciudad de México y la capital guerrerense, Chilpancingo de los Bravo. 

Los lamentos, reproches y consignas fueron, con justa razón, dominantes en la jornada. 

Los familiares de las víctimas de desaparición continúan con su demanda de esclarecer los hechos y hallar a los jóvenes. 

Para lograr el objetivo, las autoridades al menos tendrían que investigar al Ejército, advirtieron en un mitin que realizaron en el zócalo capitalino después de la marcha. 

“Hay voluntad política pero no se ha investigado al Ejército Mexicano. Un testigo dijo que 25 normalistas fueron interrogados en el 27 Batallón de Infantería por los militares y después entregados a grupo delincuencial, por eso insistiremos que se investiguen”, dijo una de las madres de los jóvenes normalistas. 

Desde Chilpancingo, otro grupo de personas lamentó que se trata de una simulación la búsqueda de justicia por parte de las autoridades. 

“Desde hace casi tres años este Gobierno nos lleva mentira tras mentira del caso de nuestros 43 compañeros; es una cuarta transformación de una simulación”, dijo uno de los asistentes. 

“Se cumplen siete años de los hechos de Iguala y nuestros compañeros siguen desaparecidos porque el Gobierno no hace nada para investigar su paradero y mucho menos castigar a los responsables”, señaló otro de los manifestantes al sur de Chilpancingo.

El viernes pasado, los padres de las víctimas sostuvieron un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Y ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó cómo va la investigación a cargo de la fiscalía especial desde 2019.

Algunos de los avances, son: el hallazgo e identificación genética de los restos de dos de los estudiantes con asistencia técnica internacional; el inicio de los procesos penales por delincuencia organizada en contra de elementos de seguridad federal e investigaciones por tortura. 

Lo que falta por hacer, es esclarecer los hechos, investigar a altos funcionarios del Gobierno anterior por manipular pruebas e inducir declaraciones, lo que derivó en la liberación de detenidos que estuvieron involucrados en el caso y una clara asistencia victimal. 

Hallan irregularidades en investigación, pero de los 43 ¡nada!