Los casos de Emilio Lozoya y Rosario Robles, en esencia, no son tan distintos: son dos altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto a quienes se acusa de actos de corrupción.

Sin embargo, sí hay diferencias políticas y judiciales que han llevado a que el primero pueda disfrutar de los mejores restaurantes de la Ciudad de México mientras la otra se alimente en el comedor del penal de Santa Marta Acatitla. Te decimos por qué la fiscalía ha dado un trato distinto a los dos acusados.

¿De qué se les acusa?

A Rosario Robles: ejercicio indebido del servicio público y omisión, por no haber reportado ante la Auditoría Superior de la Federación el desfalco por más de 400 millones de pesos en el caso de la “estafa maestra”. Estos delitos no requieren prisión preventiva, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.

A Emilio Lozoya: uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en la red de sobornos de la empresa Odebrecht. Estos delitos sí ameritan prisión preventiva, de acuerdo en el mismo Código.

Razones legales del trato diferenciado

En cuatro ocasiones, se ha negado a los abogados de Rosario Robles que la acusada lleve su proceso en libertad. La última vez fue el miércoles 20 de octubre, bajo el argumento de que hay riesgo de fuga.

A pesar de que los delitos por los que se persigue a Lozoya sí podrían tenerlo en la cárcel, no ha puesto un pie en prisión por un acuerdo que hizo con la Fiscalía General de la República (FGR). Lozoya tiene el estatus de lo que se conoce como “testigo colaborador”. A cambio de llevar su proceso en libertad, admitió ser culpable al menos de algunas imputaciones y se comprometió a ofrecer pruebas de actos indebidos de sus superiores jerárquicos. Puesto que era director de Pemex cuando acontecieron los delitos, sus únicos superiores jerárquicos eran el secretario de hacienda Luis Videgaray y el presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles se queda en prisión

Razones políticas del trato diferenciado

Puesto que no hay razones judiciales suficientes para mantener a Rosario Robles en la cárcel, ella considera que es una presa política, como confesó en una llamada telefónica con el periodista Héctor de Mauleón. Robles y su hija Mariana Moguel han asegurado que se trata de una venganza.

De acuerdo con esta perspectiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría cobrando venganza de Rosario Robles por haber afectado a su administración como Jefe de Gobierno del Distrito Federal mediante los “video-escándalos”. Supuestamente, Robles ayudó al empresario Carlos Ahumada, entonces su pareja sentimental, a grabar y difundir los videos en que personas cercanas a López Obrador recibían sobornos.

En el caso de Lozoya, el trato privilegiado que le ha dado la fiscalía se explicaría por el interés político del presidente López Obrador y del fiscal Alejandro Gertz de procesar a altos funcionarios del sexenio anterior, incluyendo al expresidente Peña Nieto. De esta manera, AMLO confirmaría la existencia de la supuesta “mafia en el poder” y así intentaría justificar la necesidad de que su partido se mantenga en el poder.

¿Qué sigue?

Para Rosario Robles: sus abogados anunciaron que apelaran la decisión del juez de negar a su cliente llevar su proceso en libertad.

Para Emilio Lozoya: tiene hasta el 3 de noviembre para presentar evidencia útil en contra de Peña o Videgaray. En caso de no hacerlo, la FGR deberá revisar su estatus como testigo colaborador.

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