A puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales, el congreso de Querétaro aprobó el matrimonio igualitario el miércoles 22 de septiembre. Se hicieron reformas al Código Civil de la entidad, que establecía que el matrimonio podía realizarse entre “un hombre y una mujer” y que ahora indica que se trata de una unión entre “dos personas”.
La iniciativa de reforma presentada por Morena se aprobó con 21 votos a favor y dos en contra. Las diputadas que votaron en contra fueron la legisladora sin partido Elsa Méndez Álvarez y María Concepción Herrera Martínez, del partido Querétaro Independiente. Dos legisladores del PAN salieron del recinto durante la votación: Miguel Ángel Torres Olguín y Leticia Rubio. El resto de los legisladores panistas, 9 de los 11, votó a favor.
Al día siguiente, el jueves 23, el congreso de Sonora hizo lo propio. Con 25 votos a favor y ocho en contra, se aprobó la iniciativa presentada por una diputada de Morena y una de Movimiento Ciudadano. Los legisladores que votaron en contra pertenecen a las bancadas del PAN y el PRI.
Con estas reformas, Querétaro y Sonora se vuelven los estados número 23 y 24 en reconocer en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otros cinco estados es posible ejercer este derecho mediante amparo.
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2021 es ya un año histórico de avance para los derechos sexuales y reproductivos en el país. En junio, Baja California y Sinaloa modificaron sus legislaciones locales para aprobar el matrimonio igualitario. En septiembre se les sumaron Querétaro y Sonora. Por su parte, en el mismo mes de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió tres resoluciones en favor del derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Primero, determinó inconstitucional criminalizar a quienes interrumpan su embarazo. Después, declaró inválido “el derecho a la vida desde la concepción”. Finalmente, los ministros y las ministras ordenaron al Congreso de la Unión legislar sobre la “objeción de conciencia” del personal de salud, pues, como está ahora, la figura es demasiado amplia y puede impedir que una persona que lo requiera acceda a un aborto seguro.
Todos éstos son avances de enorme importancia en la conquista de derechos y libertades. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Por el lado de los matrimonios igualitarios, falta, primero, que el resto de los ocho estados se ponga al día y reforme sus legislaciones locales. Pero no sólo eso. Habrá que dar seguimiento a que, efectivamente, se respeten los derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo, como el acceso de cónyuges a servicios de seguridad social y la adopción parental. También es necesario fortalecer las políticas de combate a la discriminación por preferencia sexual y/o expresión de género, legislar para prevenir y sancionar dicha discriminación, entre otros temas de la agenda de la diversidad sexual.
En cuanto a la interrupción del embarazo, falta un largo camino por recorrer. Una cosa es no criminalizar a quien se practica un aborto y otra es reconocer el derecho al aborto libre y seguro, proveyendo los recursos necesarios para acceder a ese servicio de salud. Hasta hoy, sólo es posible interrumpir el embarazo sin importar las causas en cuatro entidades: la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.
Los derechos reconocidos sin políticas públicas y sin recursos para protegerlos son sólo palabras. Corresponderá a los tres niveles de gobierno garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos recientemente reconocidos.
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