El 19 de agosto mataron a otro periodista en México. La víctima fue Jacinto Romero Flores, reportero y locutor veracruzano, asesinado con arma de fuego en el municipio de Ixtaczoquitlán, cerca de Orizaba. Las amenazas comenzaron en marzo de 2021 después de difundir presuntos casos de abuso de autoridad a manos de policías municipales, algunos de ellos familiares de políticos de la región.


Jacinto Romero es el quinto periodista asesinado este año en el territorio nacional, y el vigésimo segundo desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el registro de la organización Artículo 19. México es el país más peligroso del hemisferio occidental para ejercer el periodismo. En 2020, fue la nación con más periodistas asesinados y asesinadas, con un total de ocho, seguido por Iraq y Afganistán, con seis y cinco víctimas respectivamente tal y como lo señala Reporteros Sin Fronteras.

 

El homicidio es la expresión más extrema de la violencia contra los y las profesionales de la información, pero no la única. Artículo 19 documentó que en México hay, en promedio, una agresión a periodistas cada trece horas, con un total de 692 registradas en 2020, lo que representó 13% más que el año anterior. Las agresiones consisten en amenazas de muerte, intimidación, hostigamiento, ataques físicos o bloqueos informativos, entre otras.

 

Mecanismo de protección a periodistas

Ante esta situación, ¿qué está haciendo el gobierno federal para proteger la vida y la integridad de los y las periodistas? Al ser cuestionado sobre el asesinato de Jacinto Romero en la conferencia de prensa matutina del 20 de agosto, el presidente López Obrador informó que ordenaría al subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas evaluar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El mandatario afirmó que “a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente”, por lo que resulta necesario revisarlo.

Una de las acciones más importantes en la “revisión” que haga el subsecretario debe ser de carácter presupuestal. En octubre de 2020, por iniciativa del presidente, el Congreso aprobó la extinción de ciento nueve fideicomisos federales, entre los que se encontraba uno que aseguraba el presupuesto anual del mecanismo de protección a periodistas denominado Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A pesar de los problemas con que contaba el mecanismo, al menos tenía un presupuesto asegurado; ahora, está a expensas de la voluntad del gobierno en turno para financiarlo.

Organismos internacionales y expertos han emitido observaciones sobre el mecanismo en los últimos años, entre las que destaca el diagnóstico de la Oficina en México de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Según esa evaluación, el mecanismo no cuenta con los recursos humanos ni financieros suficientes, además de que debe poner especial atención en la coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales. El experto en seguridad Alejandro Hope ha señalado que el mecanismo tampoco cuenta con un mapa de riesgo que permita a las autoridades implementar medidas de prevención. El especialista también subrayó que el combate a la impunidad es indispensable, pues quienes están dispuestos a cometer estos crímenes saben que no recibirán castigo.

 


 

La relación entre AMLO y el periodismo

Para disminuir la violencia contra periodistas en el país, además de revisar el mecanismo de protección en cuestión, el gobierno de López Obrador debe evaluar la relación que tiene con la prensa. Sistemáticamente, el presidente ataca a medios, comunicadores y comunicadoras que critican su gestión. Los y las llama el “hampa del periodismo”, “rastreros” y “corruptos”, asegurando que obedecen intereses particulares. Desde julio de este año, incluso dedica una parte de su conferencia matutina a una sección llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana”. En ella, se exponen supuestas falsedades, ridiculizando a medios y periodistas específicos, alentando el escarnio de sus seguidores. En muchas ocasiones, Ana García Vilchis, la responsable de esta sección, no sustenta sus ataques en información verificable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó considerar la conveniencia de mantener esta sección, pues podría afectar el libre debate; además, hizo un llamado a detener los discursos de estigmatización contra periodistas.

Los ataques del presidente López Obrador y su gobierno hacia los y las profesionales de la comunicación fomenta un entorno más propicio para la violencia contra ellos y ellas. Esta forma de relacionarse con el periodismo estigmatiza la profesión y promueve la idea de quienes la ejercen hacen daño al país, lo que puede incitar agresiones de todo tipo. Parece que el mecanismo de protección no es lo único que tiene que revisar el gobierno federal para garantizar la seguridad de los y las periodistas.