Por Dámaris Sosa de Antuñano
Coordinadora de Incidencia Política Federal del Pacto por la Primera Infancia,
colectivo que agrupa a 460 organizaciones sociales.
El pasado jueves 11 de noviembre, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) se publicó el anteproyecto con la “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA… LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL”.
En la exposición de motivos del documento se propone “trasladar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia” (p.1) y, entre otros argumentos, se hace énfasis en que “todas las propuestas de reestructuración que se plantean con la presente iniciativa no afectarán el cumplimiento de las funciones de la Administración Pública Federal, sino que, en estricto apego a los principios de eficiencia y eficacia del gasto, se pondrá fin a derroches operacionales innecesarios mediante la realización de funciones semejantes y en la misma materia, por parte de un solo ente público, siempre atendiendo la modernización de la gestión pública”.
Más allá del análisis de las implicaciones orgánicas, administrativas y presupuestarias sobre la iniciativa, o de las múltiples especulaciones relacionadas con el poder y el ambiente político actual, vale la pena recordar las tres grandes perspectivas sobre cómo ha evolucionado a lo largo de la historia el modo en que se observa y trata a niñas, niños y adolescentes (NNA): el enfoque indiferenciado de la infancia, el enfoque tutelar de la infancia y el enfoque de derechos (UNICEF-SNDIF, 2016:14,16).
El enfoque indiferenciado de la infancia se refiere a la etapa en la que “no se percibía diferencia alguna entre NNA y adultos. Se les consideraba como adultos pequeños, y no existían acciones especiales para atenderlos”.
A la segunda etapa se le denominó enfoque tutelar de la infancia y en ella “se consideraba que NNA tenían ‘menos’ recursos y habilidades que los adultos y, por lo tanto, los adultos decidían de qué manera les ‘ayudaban’.” Al vérseles como vulnerables, “entonces los adultos decidían cómo y cuándo protegerlos”.
Finalmente, en la actualidad se mantiene el impulso una tercera etapa que se conoce como enfoque de derechos y en el que “se concibe a NNA como titulares de derechos. Esto significa que los derechos les son inherentes. No son algo que los adultos ‘les conceden’, sino justamente, al contrario: como NNA son titulares de derechos, las personas adultas tienen la obligación de crear los contextos y mecanismos adecuados para que accedan a sus derechos. Las personas adultas son garantes de derechos de NNA”.
En México llevamos varias décadas en esta tercera etapa, desde 1990 cuando también nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. La Convención es un tratado internacional y es un instrumento que reconoce “los derechos fundamentales e integrales a la dignidad humana de todas las personas, incluidos las niñas y niños” (UNICEF, 2019). Es por ello que los derechos de niñas y niños no pueden considerarse como una opción o favor, gentileza u obra asistencial o de caridad dedicada a este grupo de edad.
Los argumentos para mantener un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México son abundantes y han sido expuestos por diversos actores, así también aquellos que ha señalado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la exposición de motivos de su iniciativa. Sin embargo, aunque la CONAMER tendrá que revisar los comentarios y dictaminar la iniciativa en unas cuantas semanas, aún quedarían inquietudes respecto de las implicaciones operativas y funcionales para verdaderamente incidir en mejorar las condiciones de las niñas y niños en nuestro país.
Tal como el Pacto por la Primera Infancia lo ha señalado, en materia de primera infancia los problemas persisten. Pongamos un ejemplo concreto reciente: conocemos los datos de pobreza en niñas, niños y adolescentes, pero si miramos a la primera infancia los datos son aún peores, pues es el grupo poblacional en el que incrementó más la pobreza y la pobreza extrema, lo que los hace estar en las peores condiciones y bajo las peores consecuencias (Pacto por la Primera Infancia, 2021).
Y si a esto añadimos que el reciente Dictamen del Presupuesto 2022 quedó exactamente en sus términos, sin moverle una coma, sin restituir los recursos disminuidos a la primera infancia, pese a los múltiples llamados para corregir estas graves asimetrías, nos encontramos en un escenario que vulnera los principios de interés superior de la niñez, máximo uso de recursos disponibles, progresividad, no regresión presupuestal y, con la iniciativa propuesta por el SNDIF, además contravenir la perspectiva de enfoque de derechos.
El corazón de una política integral de atención a la primera infancia se encuentra en el reconocimiento de que cada niña y niño que nace en México es titular de derechos, y que el Estado Mexicano, con sus instituciones, es y debe seguir siendo garante de sus derechos de forma integral.
Debemos continuar insistiendo en qué significa este enfoque de derechos, las niñas y niños en México lo necesitan urgentemente.
