La Secretaría de la Función Pública (SFP) presumió este lunes las denuncias y sanciones que desde su órgano central y los órganos de control de las diferentes dependencias se han presentado en contra de funcionarios públicos en lo que va de la presente Administración.
De acuerdo con un comunicado emitido esta tarde, el organismo ha presentado 757 denuncias penales en contra de 341 personas servidoras y ex servidoras públicas, entre el 01 de diciembre de 2018 y octubre de 2021.
Los principales delitos denunciados son enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público, peculado y falsificación de documento.
Además, aseguró que llevan hasta el momento 8 mil 228 sanciones en contra de 7 mil 34 personas servidoras públicas por faltas administrativas.
No obstante, a este respecto, aseguran que por apego a la legalidad no todas pueden hacerse públicas pues, en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, únicamente pueden darse a conocer las sanciones de inhabilitación que se encuentran firmes y vigentes.
Estas sanciones se dividen en amonestación privada (mil 126), amonestación pública (mil 321), destitución (478), inhabilitación (3 mil 108), sanción económica (594) y suspensión (mil 601).
En ese sentido, la SFP no informó respecto a si ya se concretaron las sanciones por el documento apócrifo presentado por la CFE para justificar un corto de energía eléctrica ocurrido en diciembre de 2020, el cual fue atribuido a un incendio en un pastizal supuestamente confirmado por Protección Civil en el estado de Tamaulipas, cuyo titular desconoció la rúbrica.
En ese entonces, la CFE admitió que se trataba de un documento con una firma falsa y se comprometió a investigar y sancionar a quien lo hizo. Hasta el momento, nada se sabe.
De igual forma, omitió mencionar que varias de las sanciones impuestas se han revertido en tribunales por fallas en los procedimientos.
Un ejemplo de ello, es el caso de Bernardo Bosch, ex gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años, pero un tribunal federal declaró la nulidad de la sanción impuesta el 28 de junio de 2019 al estimar que Bosch probó que el castigo no tenía un fundamento legal.
