El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) prosiga con la investigación que tiene abierta contra Pío López Obrador. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE indaga la recepción de dinero del hermano del presidente de la República de manos de David León, entonces colaborador del gobernador de Chiapas y después colaborador del gobierno de AMLO.
De los siete magistrados, el único que votó a favor fue el que propuso la revisión del caso, José Luis Vargas, quien fungió como presidente del tribunal hasta agosto de este año y que fue destituido por sus compañeros por cometer “abusos” durante su gestión. De acuerdo con Vargas, los presuntos delitos de los que se acusa a Pío López ya prescribieron, pues, supuestamente, se cometieron en 2015. Argumentó también que se viola el principio de presunción de inocencia y que la evidencia ―es decir, el video― se obtuvo de forma ilícita.
La magistrada Mónica Soto, que solía ser fiel aliada de Vargas, argumentó que no es claro que los hechos hayan ocurrido en 2015. Consideró que, por ello, la investigación debe continuar, pues sólo así se tendrá certeza sobre la fecha en que se cometieron los presuntos ilícitos. Por su parte, la magistrada Janine Otálora señaló que los posibles delitos en cuestión podrían seguir vigentes, pues sus efectos llegan hasta las elecciones de 2018, en las que AMLO fue elegido presidente.
¿Por qué es importante?
Primero, el caso pone en duda la supuesta honestidad y pureza que según Andrés Manuel López Obrador caracteriza a todo lo que lo rodea. La decisión del tribunal se suma, en la misma semana, a las revelaciones de la investigación internacional Papeles de Pandora, que puso al descubierto que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, participaron en un esquema de ocultamiento de riqueza mediante la creación de empresas en paraísos fiscales.
Segundo, el comportamiento de las instituciones y numerosos actores políticos ha ido cambiando desde que concluyó el proceso electoral de junio de este año. En el caso del Tribunal, cada vez se muestra menos dócil ante los intereses del presidente López Obrador y su gobierno. Primero, sus integrantes destituyeron en agosto a José Luis Vargas como su magistrado presidente, quien parece continuar a las órdenes de Palacio Nacional. Ahora, ni siquiera la fiel compañera de votaciones de Vargas, Mónica Soto, lo apoyó en este intento por proteger al hermano del presidente López Obrador.
Uno de los resultados más importantes de las elecciones de junio fue la demostración de que AMLO y su movimiento son, en efecto, muy poderosos, pero no invencibles. Actores que debían ser independientes, como el Tribunal Electoral, parecían comportarse con obediencia hacia el presidente porque creían que el obradorismo había llegado para quedarse. Ahora que ha quedado claro que el juego democrático sigue abierto, ciertos actores y organizaciones podrían estar recuperando su cauce institucional.
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