Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta el pueblo pero no las Organizaciones de la Sociedad Civil y está decidido a ir por ellas. En el legislativo ya están tomando cartas en el asunto para complacerlo.

 

Recientemente, la Senadora Nancy Sánchez Arredondo, de Morena, presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

 

La exposición de motivos no esconde sus intenciones, sino todo lo contrario. Si bien inicia diciendo que hay muchas OSC que promueven la investigación y la participación ciudadana, “existen aquellas que las integran personajes e intelectuales, que con claro sesgo al objeto que pretende la organización en que participan, de manera evidente impulsan un activismo político con un claro sesgo a favor de intereses privados nacionales o extranjeros; o bien de grupos que marcadamente operan contra los intereses nacionales, mostrando un claro conflicto de intereses entre el objeto de la organización, los intereses de quienes reciben financiamiento y el activismo político que defienden”.  La intención es clara.

 

“Y en este juego sucio intervencionista, las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en los peones más efectivos para lograr su cometido, sobre todo porque cuentan con los recursos suficientes para generar ruido y distorsiones entre la población en México”.

 

Así, en una actitud patriótica y preocupada por el pueblo, Morena está dispuesta a impedir a toda costa que intereses extranjeros se opongan a la transformación que vivimos.

 

¿Cuál es la propuesta?

Regular el financiamiento que estas asociaciones reciben, “especialmente aquel que proviene desde el extranjero y que ha tenido por destino afectar la imagen y la credibilidad de las instituciones públicas de nuestro país”.

 

En el contexto sobre la discusión del paquete económico, se busca ser aún más estrictos con la fiscalización de los ingresos que reciben, en el gasto de sus recursos, así como en sus procedimientos para otorgar recibos de donativos.

 

Sin embargo, estas nuevas medidas de fiscalización corren el riesgo de convertirse en una verdadera cacería de brujas, al considerar que las operaciones también sean fiscalizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera “con la intención de evitar que los fondos disponibles se utilicen para afectar la estabilidad política del país, o beneficiar a través de estudios, publicaciones o acciones a grupos o actores del sector privado atentando contra la soberanía de nuestro país”.

 

El enojo del presidente

 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), nuestro país cuenta con un total de 43 mil 252 organizaciones registradas y  desde el inicio se les cortó el presupuesto y “ni un centavo” a las OSC por “censos fantasmas, falsificación de firmas” ya que contaban con las pruebas correspondientes y era mucho el dinero que se fugaba. Además señaló en diversas ocasiones que: “Había la mala costumbre de que del presupuesto… se transferían fondos a organizaciones sociales y no había transparencia”.

 

 

Pero pronto quedó claro que el problema iba más allá del financiamiento público cuando se evidenció el enojo que le causó al presidente el que una agencia del gobierno americano, USAID, financiara a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), vinculada con  Claudio X González.

 

Tal fue su molestia que solicitó una nota diplomática exigiendo una explicación que aún sigue pendiente. Sin embargo, a través de un mensaje el propio presidente Biden, le anunció que seguirán los apoyos a las ONG de todo el mundo que combatan la corrupción y fomenten la democracia.


La cereza del pastel fue el que en la reciente visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a nuestro país…se aprovechó para firmar un convenio con la propia USAID, teniendo como testigo al Canciller Marcelo Ebrard.

 

La Ciudad de México también trae su propia batalla

 

También hace poco, la Gaceta de la Ciudad de México publicó una importante reforma al Código Penal capitalino para tratar como “servidores públicos” a quienes dirigen o administran organizaciones de la sociedad civil. La consecuencia de la norma es someterlos a controles y revisiones estrictos como podría ser la presentación de declaraciones patrimoniales y que puedan ser perseguidos también por corrupción, entre otros delitos.

 

Lo bueno es que las ONG´s irán a la Suprema Corte para invalidar dicha norma. Las organizaciones están dispuestas a defender su papel en la  democracia y no están dispuestas a tolerar la criminalización de su labor pues lo que buscan es ahuyentar la participación social en estos grupos.

 

Todo lo anterior levanta las alertas particularmente en los gobiernos locales de Morena que están próximos a tomar posesión. Las nuevas reglas están puestas.