Con gran autocomplacencia sentenció el presidente López Obrador durante su tercer informe de gobierno que “ya no se violan derechos humanos de migrantes”. Como suele pasarle, los hechos lo contradicen.
El caso del hombre haitiano pateado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) es sólo un ejemplo del sinnúmero de maltratos que sufren los migrantes en México a manos de servidores públicos. Son golpeados por autoridades migratorias; pasan largos periodos hacinados en centros de detención que organizaciones civiles han tildado de “cárceles”; hay muchos casos de secuestro, abuso sexual y tráfico de personas a manos de autoridades mexicanas, especialmente policías.
Hace tiempo que dejó de sorprender la falta de sensibilidad de este gobierno hacia los más vulnerables. La llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación en relevo de Olga Sánchez Cordero no promete ningún cambio, pues las prioridades están en otro lado. El subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas continúa en su encargo, ignorando la tragedia de los migrantes en nuestro país, lo mismo que el titular del INM Francisco Garduño.
Por su parte, el pleno del Senado de la República, de mayoría morenista, optó por no pronunciarse respecto a la situación en Tapachula, ciudad en que se estableció un cerco militar y policiaco para impedir la salida de migrantes.
Hasta hace pocos años, alguna esperanza se podía depositar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hoy se mantiene casi en completo silencio ante las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que autoridades federales y locales cometen en contra de las personas migrantes. Después de que el video en que agentes de migración patean a una persona circuló por todo el país, la CNDH publicó un tímido documento en el que aseguró que investigaría las agresiones.
Desde 2019, la CNDH se ha limitado a publicar este tipo de comunicados cuando hay casos que se vuelven mediáticos y no le queda alternativa. Sin embargo, no hay una postura clara, firme y contundente por parte de la Comisión ni su titular, Rosario Piedra Ibarra, que exija al gobierno federal una política migratoria que garantice los derechos humanos de las personas migrantes. Los pronunciamientos que ha hecho sobre casos concretos también son escasos. De las 36 recomendaciones que ha emitido la Comisión este año, sólo dos están relacionadas con la protección a migrantes; entre las 89 del año pasado, sólo ocho se refirieron a este tema.
Por dar sólo un ejemplo de las omisiones de la CNDH, los periodistas Manu Ureste y Alberto Pradilla publicaron en febrero de este año una investigación en la que rebelaron que la CNDH mantuvo oculta información sobre secuestros de cientos de migrantes ocurridos en 2019 y 2020.
Ésta es una de las consecuencias de las decisiones con rasgos autoritarios que ha tomado el presidente López Obrador. Propuso a la titularidad de la CNDH, una institución con “autonomía constitucional”, a una persona completamente leal a él y a su gobierno. La CNDH debería tener un papel protagónico en este crítico momento para la situación de los migrantes en México. Rosario Piedra se mantiene en silencio y lejos de los micrófonos en los que debería estar haciendo exigencias al Presidente de México, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Su prioridad no son las víctimas, sino la reputación de su jefe político.
México y Estados Unidos: los migrantes como moneda de cambio
