Un juez federal determinó que el gobierno de Joe Biden no puede seguir utilizando una orden que permitía la deportación exprés de migrantes y solicitantes de asilo. La norma conocida como Título 42 se expidió en marzo de 2020, durante la presidencia de Donald Trump, y facultaba a las autoridades migratorias para expulsar del país de manera inmediata, sin el proceso habitual, a quien entrara de forma irregular. Trump justificó la implementación de esta medida con la emergencia sanitaria por COVID-19. Supuestamente, era una forma de prevenir que entraran personas a Estados Unidos que podían esparcir el virus entre la población.

La política ha recibido intensas críticas de organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera, que aseguran que se trata sólo de una medida oportunista para frenar el paso de migrantes. El juez Emmet Sullivan estableció que la medida carece de sustento legal y que, además, resulta innecesaria debido a los mecanismos de control de la propagación del virus, como las vacunas.

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Contrario a lo que esperaban muchos y muchas migrantes, la administración actual decidió mantener esta medida desde que Biden tomó posesión en enero. Hasta la fecha, se ha expulsado de Estados Unidos a más de 1.1 millones de migrantes con esta medida, alrededor de 444 mil durante el mandato de Trump y más de 690 mil durante la presidencia de Biden.

¿Qué sigue?

Según la resolución del juez Sullivan, Biden tiene 14 días para dar marcha atrás al Título 42. Sin embargo, su gobierno aún tiene la posibilidad de apelar, lo que puede retrasar varios meses la revocación de esta medida o, incluso, refutar el criterio del juez. El caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Biden está en una disyuntiva. Por un lado, la medida ha disminuido el número de migrantes que entran al país de forma irregular. Por otro lado, el Título 42 es contrario a los principios que propugna sobre una política migratoria respetuosa de derechos humanos, lo que podría causar tensiones en su propio partido y reclamos de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Para México, la revocación del Título 42 sería una buena noticia, pues el retorno inmediato de migrantes de distintas nacionalidades satura, aún más, las capacidades del gobierno mexicano para lidiar con los flujos migratorios.

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