El periodista chiapaneco Freddy López Arévalo fue asesinado de un tiro el jueves afuera de su domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Iba acompañado de su esposa e hijos, con quienes regresaba de Tuxtla Gutiérrez, donde habían pasado el día celebrando el cumpleaños de su madre.

Freddy López era editor y columnista. Se desempeñaba como conductor de XERA-Radio Uno y director de la revista Jovel, de la que también era propietario. En su trayectoria de más de treinta años, fue corresponsal de El Universal en la década de 1990 en Centroamérica, trabajó para la revista panameña Panorama Internacional que circulaba en los países de la región, encargado de la oficina de Notimex en Chiapas, coordinador regional para Notimex desde San José, Costa Rica, y jefe de información del periódico Novedades.

Entre sus coberturas más destacadas en Centroamérica, cubrió procesos electorales en Guatemala y Nicaragua, país donde narró la caída del sandinismo y el triunfo de la primera presidente del continente americano, Violeta Chamorro. En Chiapas, reporteó el levantamiento zapatista en 1994 e incluso entrevistó al mayor Mario, que lideraba las tropas rebeldes en el municipio de Ocosingo.

El periodista murió en el lugar del ataque. Las policías estatal y municipal buscaron al asesino esa noche, sin éxito. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el caso ya se investiga, mientras el gobernador morenista Rutilio Escandón condenó el crimen y aseguró que “ningún crimen quedará impune”.

Freddy López Arévalo es el sexto periodista asesinado este año en México y el número 23 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según los registros de la organización internacional Artículo 19. México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo: en 2020, fue la nación con más periodistas asesinados y asesinadas, con un total de ocho, seguido por Iraq y Afganistán, con seis y cinco víctimas respectivamente (según los datos de Reporteros Sin Fronteras).

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La irresponsabilidad de AMLO con el periodismo

El instrumento del gobierno de México para prevenir estos crímenes es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). En octubre de 2020, por iniciativa de AMLO, el Congreso desapareció 109 fideicomisos federales, entre los que se encontraba el que dotaba de presupuesto anual al mecanismo de protección a periodistas. A pesar de las importantes áreas de oportunidad de esta herramienta, al menos contaba con presupuesto asegurado; ahora, está a expensas de la voluntad del gobierno en turno para financiarlo.

Organismos internacionales y expertos han emitido observaciones sobre el mecanismo. La Oficina en México de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, ha señalado que el mecanismo no cuenta con los recursos humanos ni financieros suficientes, además de que debe poner especial atención en la coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.

El gobierno de AMLO no sólo puso en riesgo el presupuesto del mecanismo, sino que ataca al periodismo libre de manera cotidiana en sus conferencias de prensa matutinas. Los y las llama el “hampa del periodismo”, “rastreros” y “corruptos”, asegurando que obedecen intereses particulares. Con estas actitudes y la sección de la conferencia llamada “Quién es quién en las mentiras de la semana” se ridiculiza a medios y periodistas específicos, alentando el escarnio de los seguidores de AMLO y Morena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó evaluar la existencia de esta sección, pues podría afectar el libre debate y puede contribuir a estigmatizar la labor periodística.

Medalla anti-Belisario Domínguez para AMLO