Luego del anuncio realizado por el INEGI, que colocó a la inflación en una tasa anual del 5.81% para el mes de julio (la segunda más alta de América Latina después de Brasil), se advirtió que uno de los productos que más subieron sus precios fue precisamente el gas doméstico LP, con un aumento del 34.97%.

 

¿Qué pasó entonces? Pues resulta que con un ánimo de ayudar a las familias y su economía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó una lista de precios máximos. Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, pues el precio del gas depende también de factores internacionales y el hecho de que el gobierno tome una decisión unilateral, sin considerar el panorama completo, lejos de ayudar, perjudica a los consumidores.

 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) dijo que en el primer semestre del 2021, los precios internacionales del propano aumentaron 131% comparado con el 2020. Es importante destacar que en el país se produce solo 38% de la demanda nacional y se importa el 62% restante.

 

Los gaseros han dicho que la fórmula propuesta por el gobierno los deja sin margen de utilidad, por lo que ya están analizando el promover amparos contra las tarifas establecidas. Por ello, en días pasados se organizó un paro de repartidores que afectó a varias zonas del Valle de México.

 

Amexgas considera como “contras” de la regulación de precios, los siguientes:

  • Se reduciría la cobertura de distribución afectando a los consumidores y fomentando un mayor consumo de leña con graves consecuencias en salud y deforestación.
  • Afectaría negativamente la seguridad de las operaciones.
  • Generaría desinversión en todos los eslabones de la cadena de suministro.
  • Se promueve el “huachicol”

 

Pero, más allá de las críticas, la Amexgas propuso soluciones:

  • Mejorar el sistema de distribución
  • Eliminar regulaciones costosas e innecesarias
  • Agilizar el otorgamiento de permisos pendientes a las empresas distribuidoras para generar más competencia.

AMLO respondió que “habrá denuncias contra distribuidores y comisionistas que se nieguen a prestar el servicio” y anunció la creación de una nueva empresa, “Gas Bienestar”, para traer más competencia al mercado y combatir las prácticas monopólicas.

Así, mientras el presidente y la secretaria de energía defienden la medida, la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica ha dicho que la acción contravendría a la ley de hidrocarburos. Así que, al parecer, esta “gran idea” de la 4T podría dejarse sin efectos cuando llegue al tan odiado Poder Judicial. Veremos.