En las últimas elecciones, las del 6 de junio, denominados “influencers” como Bárbara de Regil y Arturo “El Negro” Araiza manifestaron su simpatía por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y algunos y algunas incluso confesaron que darían su voto a dicho partido. Que una persona manifieste sus ideas políticas no es un delito, pero que un partido político pague publicidad para llamar al voto el día de la elección sí lo es. El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que eso sucedió en este caso.

 

La estrategia: niégalo todo

El PVEM niega que haya pagado por estos servicios y argumentó que se trató simplemente de ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su libertad de expresión. Sin embargo, el INE hizo una investigación en la que encontró que el PVEM pagó al menos 20.4 millones de pesos a través de empresas a 104 influencers para que mostraran su apoyo al partido. Este hecho constituye un delito electoral, puesto que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que las campañas electorales deben concluir tres días antes de la jornada electoral. A este periodo se conoce como “veda electoral”, que inicia tres días antes de las elecciones y culmina con el día de los comicios. Durante la veda electoral, los partidos políticos no pueden llevar a cabo acciones para buscar el voto de la ciudadanía.

 


El INE encontró que una empresa de mercadotecnia se encargó de contratar a los y las influencers y que hubo un productor que les dio indicaciones para publicar los mensajes. La instrucción fue publicar historias de Instagram, siguiendo un guión que contuviera:

  • una introducción hablando del partido;
  • hacer referencia a las propuestas de la agrupación política y,
  • señalar que votarían por el Partido Verde.

En palabras de la consejera Claudia Zavala, se trató de “un esquema simulado para promocionar a sus candidatos en tiempo indebido”.

Con diez votos a favor y uno en contra, el Consejo General del INE impuso al PVEM las siguientes sanciones: multa de 40.9 millones de pesos (es decir, el doble de lo que utilizó para estos fines) y el retiro de propaganda en radio y televisión por un año. No es inusual que el INE imponga sanciones económicas a los partidos cuando incurren en irregularidades. Lo novedoso en esta ocasión fue impedir la propaganda de la agrupación política en medios de comunicación, un tipo de multa que no se había impuesto hasta ahora.

El INE multó al Partido Verde por esta práctica ilegal, pero no castigó a los y las influencers. Sin embargo, hay elementos en la ley que podrían dar pie a sanciones por parte del INE a quienes  incurran en estas prácticas en el futuro. La LGIPE (art. 442) establece que no sólo partidos y personas candidatas pueden recibir sanciones por infracciones electorales; también es posible castigar a ciudadanas y ciudadanos “de a pie” e incluso a personas extranjeras, entre otros sujetos.

 

¿Qué dice la ley?

La legislación electoral no es específica sobre la propaganda electoral en redes sociales ni las personas titulares de las cuentas electrónicas en que se publique material de publicidad para llamar al voto. Sin embargo, los y las influencers ofrecieron un servicio (propaganda electoral) que es ilegal el día de la elección.

A pesar de la sanción inédita al PVEM, un colectivo de ciudadanas y ciudadanos considera que no es suficiente. Agrupados con el hashtag #QuitenElRegistroAlVerde, argumentan que el PVEM debe dejar de ser un partido político por ésta y una larga lista de irregularidades. El 20 de julio de 2021, representantes del colectivo entregaron formalmente al INE la petición de cancelar el registro al PVEM. Hasta ese día, la petición lanzada en 2015 en change.org acumulaba más de 162 mil firmas de apoyo.

 

¿Debería perder el registro?

Jurídicamente, parece haber elementos suficientes para quitar el registro al Partido Verde. La legislación electoral establece que el INE puede imponer esta sanción a un partido por “incumplir de manera grave y sistemática… las obligaciones que le señala la normatividad electoral”. Si el pago a generadores de contenido para influir en las elecciones pasadas fuera un hecho aislado, parecería razonable sólo imponer una sanción que inhiba este tipo de comportamiento en el futuro. Sin embargo, no se trata de un simple tropiezo en el andar del instituto político. Por el contrario, los verdes han hecho su camino en la política mexicana mediante la violación sistemática de la ley.

 

No es la primera vez

Además del caso de los influencers en 2021, hay muchos ejemplos de actos ilegales del PVEM en los últimos años. Entre los más notorios está la campaña “Vamos Verdes” en Twitter durante la veda del proceso electoral de 2015. En esa ocasión, visibles miembros de la farándula, como: Aleks Syntek y Gloria Trevi, hicieron llamados en favor del partido y las autoridades electorales los sancionaron con 7 millones de pesos.

En cambio, las tuiteras y los tuiteros no recibieron sanción, pues no se logró probar que el PVEM, efectivamente, hubiera pagado a estas personas famosas por la publicación del contenido. En consecuencia, se determinó que habían actuado ejerciendo su libertad de expresión. Por esta y otras 26 faltas en el proceso electoral de 2015, el PVEM enfrentó una sanción por 214 millones de pesos, a la que en su momento se denominó “mega multa”, por ser la más alta de la que se tenga registro.

 


Lorenzo Córdova, usa continuamente la metáfora del futbol para hablar de la democracia. En esa alusión, los equipos enfrentados serían los partidos políticos y el INE el árbitro. El Instituto ha sacado muchas tarjetas amarillas sin evitar que el PVEM reincida en su comportamiento fraudulento. Para el Partido Verde, las multas económicas que le impone el INE en cada proceso electoral no son más que una cuota a pagar para participar en el siguiente torneo. Después de tantas llamadas de atención, tal vez sea momento expulsar del juego democrático a un partido político que no está dispuesto a jugar limpio.