Las empresas Alston Internacional, CAB USA, Grupo Carso Infraestructura e ICA, deben de responsabilizarse por el desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro que dejó como saldo a 27 personas muertas y más de 70 heridos.
Así lo afirmó el Cristopher Estupiñan, abogado de Carbino Legal y Jason Webster, integrante de la firma “The Webster Law Firm”; quienes representan a 14 familias afectadas en los tribunales de la Gran Manzana.
En entrevista para EnVozMX el abogado explicó que se emprenderán acciones legales contra estas cinco empresas en Tribunales de Estados Unidos responsables de la construcción del tramo elevado de la Línea 12.
Detalló que estas firmas tienen residencia y domicilio legal en Estados Unidos con acciones e intereses económicos. Por lo que, dijo, se espera demandar en las Cortes americanas, “hay muchos elementos que apuntan que fue una obra mal construida desde el principio, todo este cúmulo de pruebas nos genera indicios suficientes para llevar una demanda”.
Estupiñan explicó que en Estados Unidos existe un periodo de aprobatorio donde las pruebas se van recolectando de los propios archivos de las empresas.
“Si la demanda es admitida a trámite por el juez va a requerir formalmente a las empresas para que exhiban toda la documentación, contratos de obra, ingresos, egresos, comunicaciones internas, correos electrónicos, mensajes de texto, todos los archivos que deben de tener por obligación legal”, expuso.
Sin embargo, apuntó que en caso de que no los tengan toda esta documentación deberán justificar a través de un funcionario de la empresa bajo juramento ante la corte las razones por las cuales no existen.
“Las consecuencias legales de un ocultamiento de información son muy serias en Estados Unidos, sobre todo para empresas con interés de esta naturaleza que tienen presencia mundial y tienen proyectos y accionistas en todo el mundo”, resaltó Estupiñan.
Dijo que también se solicitará una indemnización al Estado el cual debe responder por su negligencia, al permitir una operación, sin hacer los ajustes necesarios, sin la certificación continúa, “fue negligente y debemos reclamar en las instancias administrativas de México”.
En este sentido, apuntó que este no es un tema solo de falta de mantenimiento sino proviene de una falla de origen, donde existe una responsabilidad compartida “nosotros esperamos que no tapen a los empresarios e intenten deslindarse de responsabilidades con un chivo expiatorio por meras cuestiones políticas”.
“Tienen que hacerse responsables tanto las empresas constructoras que son quienes se llevaron las ganancias, como el Gobierno de la Ciudad de México por sus omisiones de permitir una línea deficiente”, sentenció.
