Aranzazu Alonso Cuevas
Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia,
colectivo que agrupa a 460 organizaciones sociales.
El pasado miércoles 27 de octubre sesionó la Comisión de Primera Infancia (CPI) del Sistema Nacional del Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, el SIPINNA. La Comisión se creó desde el sexenio pasado como un órgano intersectorial de coordinación para el diseño de políticas para niñas y niños menores de 6 años en México. Sus contribuciones y las de sus Grupos de Trabajo han sido valiosísimas. En ellas se desarrolló el Primer Diagnóstico de la Oferta de Servicios para la Primera Infancia en México, se delimitó la Ruta Integral de Atenciones (RIA) y la Caja de Herramientas para su implementación estatal y municipal, y se diseñó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI); por sólo mencionar los más importantes. Sin embargo, en los últimos meses hemos percibido que la Comisión ha perdido fuerza, y quizá, algo de orientación estratégica. ¿A qué nos referimos? En especial, al pobre nivel de desarrollo alcanzado en los instrumentos programáticos, presupuestarios y de gestión de la ENAPI.
Antes de ahondar en esos retrasos, quiero hablar de tres antecedentes que enmarcan esta ralentización para toda la agenda de infancia en México: primero, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mandatado por la Ley General que le dio vida al propio sistema. Un retraso INEXPLICABLE cuando la administración del Presidente López Obrador llega a la mitad de su gestión y estos programas deben publicarse máximo en el primer año de gobierno. Segundo, el anexo 18, instrumento del presupuesto que refleja las inversiones que el Gobierno Federal hace en el grupo poblacional menor a 18 años, no se ha actualizado como reflejo de la aprobación de la Ley General, publicada desde 2014, aún cuando el propio Comité de los Derechos del Niño de Ginebra observó al Estado Mexicano la necesidad de crear correspondencias entre las obligaciones derivadas de la Ley, y las asignaciones presupuestales para niñas, niños y adolescentes. Tercero, desde la renuncia de Ricardo Bucio, la Secretaría Ejecutiva ha estado a cargo de una encargada de despacho, la Mtra. Constanza Tort, a quien reconocemos su buena fe y disposición al trabajo colaborativo. No obstante, la Mtra. Constanza no ha sido ratificada como Secretaria Ejecutiva, y vemos poco o nulo interés por parte del nuevo secretario de Gobernación en la agenda de niñez, en el SIPINNA y por supuesto, en la Secretaría Ejecutiva.
Así pues, toda la agenda de Niñez está congelada, parálisis de fondo oculta en un activismo simulado en donde las dependencias y entidades presumen actividades de corto alcance que pretenden, sin lograrlo, reparar los enormes daños que sufrió la niñez en la pandemia, sumados al rezagos e inequidades a los que históricamente se han enfrentado.
Ahora sí entro a Primera Infancia. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal rechazó la publicación del Programa Especial para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PEDIPI), que distribuía con toda claridad competencias en esta materia entre los sectores, y le daba a la ENAPI una nueva ancla y un mayor grado de institucionalización. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó la creación de un Programa Presupuestario (PP) destinado específicamente a la coordinación de la ENAPI, bajo el falaz argumento de que se duplicaba con el programa que hoy la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA lleva a cabo en la totalidad de sus funciones. La misma Secretaría se ha mostrado renuente a participar en la re instalación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Evaluación Y Presupuestación en Materia de Protección Integral De Niñas, Niños y Adolescentes.
Este grupo fue aprobado en la última sesión del SIPINNA, y debería, entre otras cosas, establecer criterios de asignación de gasto para la atención de niñas, niños y adolescentes, en correspondencia a las obligaciones derivadas de la Ley. Además, este grupo debería darse a la tarea de asegurar que cada una de las acciones de la ENAPI tuvieran su correlato en los Programas Presupuestarios de la SEP, de la Secretaría de Salud, del IMSS, de la Secretaría del Bienestar, entre otros. En palabras simples, que las dependencias del gobierno federal estén ejecutando, monitoreando, reportando y asignando recursos a las acciones en beneficio de la primera infancia detalladas en la ENAPI.
Sin esta vuelta de tuerca y alineación programática y presupuestal, que debe ser dirigida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ENAPI corre el riesgo de convertirse en un marco de buenas intenciones. No lo podemos permitir. El bienestar de una generación está en juego.
