La despenalización de la mariguana en México se fue a la ‘congeladora’ por tercera ocasión, por lo que el movimiento cannábico mexicano pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una declaratoria general de inconstitucional de los cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso de la marihuana, posterior a que venciera el plazo que tenía el Congreso para legislar al respecto.

En caso de que el Senado no pida prórroga, ni legisle en periodo extraordinario, la SCJN podría declarar como no aplicables los siguientes apartados de la Ley General de Salud: artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248. De acuerdo con Forbes, esto podría dejar a la industria cannábica en un limbo regulatorio.

La decisión fue anunciada por el Senado tras discutir que no había consenso cuando terminó el período legislativo el 30 de abril. Aunque se presentaron diversos argumentos a favor como los beneficios económicos y la despresurización del sistema carcelario, se quedó en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, donde está aprobada, y en la de Salud, sin consenso. 

En diciembre de 2020, la ONU reconoció el valor terapéutico de la cannabis a nivel mundial y la eliminó de la lista de estupefacientes. En enero, México por fin expidió el reglamento para su uso medicinal, después de tres años de que la Corte diera paso al reconocimiento de su contribución a la salud. Por ello, se celebró como un gran paso que en marzo la Cámara de Diputados aprobara en lo general, con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. 

La propuesta de ley para el uso recreativo llegó después de dos años de que la SCJN dictaminó que era inconstitucional su penalización. El proceso de la iniciativa presentada por la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, se vio retrasado y las cámaras tuvieron que pedir extensión de tiempo a la Suprema Corte para su legislación. 

¿Qué significaba la aprobación de la Ley? 

En la propuesta de ley se anulan los permisos para el autocultivo y consumo, como hasta ahora; se modifica la portación legal de cannabis, aumentando hasta 28 gramos la portación legal de la cannabis; y las vías de acceso: autocultivo de hasta 8 plantas para adultos en residencias compartidas, asociaciones cannábicas y comercio con licencias específicas para el cultivo, transformación, comercialización, exportación/importación e investigación.  

México se integraría a la lista de países que han legalizado su uso recreativo en el continente americano, con Canadá y Uruguay y, junto con Colombia, encabezaría la lista de los países que más producen y exportan para su uso medicinal. Fuera de la minuta aprobada en la Cámara de Diputados quedó el apoyo a los pequeños productores mexicanos y la creación de un órgano rector para su uso y aprobación, pues el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) sería la institución encargada. 

Ante ello, Andrés Hirsch de ReverdeSer Colectivo, organización parte de la plataforma Regulación para la Paz, mencionó que “Sabemos que toda ley es perfectible, que responde a coyunturas, voluntades e intereses del momento y se podrá ir modificando. Pero esperamos que no se aplace más el tema del debate público y sea el primer paso para la transformación de las políticas de drogas”. Las funciones de Conadic fueron una de las 16 inconsistencias que señaló el Senado durante la revisión de la minuta, pues no concordaba con sus funciones.  

Las ventajas de la regulación de toda la cadena productiva serían mayores que sólo la despenalización de su consumo. De acuerdo con Amaya Ordorika de ReverdeSer: “las ventajas que tendría la regulación de su cadena productiva más que la despenalización de su consumo en un país como México que es productor, es un asunto fundamental” pues “si bien no está claro el impacto que tendrá en los ingresos de los grupos criminales, sí va a tener impacto en la construcción de paz y la violencia de Estado. A veces se nos olvida que el Estado reproduce y ejecuta la violencia”. 

Por último, Ordorika dejó en claro la necesidad de avanzar en las discusiones sobre la producción y comercialización de la mariguana, especialmente, para garantizar que los pequeños productores y campesinos que dependen económicamente del mercado ilegal tengan garantías para su incorporación de manera igualitaria. Además de la protección a las comunidades indígenas que las usan con fines religiosos, también se deberá poner en el centro de las próximas discusiones el cese del ciclo de violencia, que incluye desde  violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el Estado, las agresiones ejecutadas por  grupos criminales y la criminalización de usuarios, por parte de las fuerzas policiacas.