El día de ayer, el juez de control José Artemio Zuñiga dictó prisión preventiva a Emilio Lozoya. Es decir, el ex director de Pemex ya no continuará en libertad el juicio que enfrenta por hechos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez la prisión preventiva argumentando que el acusado no ha mostrado interés en reparar el daño que causó al erario público por 7.3 millones de dólares y también por la “provocación” en la que incurrió al asistir a un lujoso restaurante para departir con sus amigos millonarios.
Emilio Lozoya negoció con la FGR llevar su proceso en libertad desde que fue capturado hace año y medio en España a cambio de entregar pruebas que implicaran a otras personas en la red de corrupción del caso Odebrecht. Lozoya hizo declaraciones en contra de unas setenta personas, incluidos sus exjefes Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.
Desde el principio, hubo voces críticas que veían este acuerdo como un pacto de impunidad entre un delincuente confeso y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los señalamientos en ese sentido se intensificaron desde que la periodista Lourdes Mendoza difundió, hace unas semanas, las fotos que mostraban a Lozoya cenando en el restaurante Hunan en Las Lomas de Chapultepec.
Hasta antes de la cena del Hunan, Lozoya fue un consentido de la FGR. Le permitieron llevar el proceso en libertad, sin siquiera solicitar arresto domiciliario. A su llegada a México de España, evitaron que el delincuente confeso enfrentara las cámaras de los medios de comunicación y el presidente, que opina incluso de lo que la ley le prohíbe, evitaba hablar del tema Lozoya.
Todo cambió después de la famosa cena. La desfachatez de pasearse en público y, peor aún, en un lugar de lujo lastimó la imagen del presidente y de Morena; los hizo ver como más de lo mismo. AMLO siempre asegura “no somos iguales”, pero el atrevimiento de Lozoya lo dejó al desnudo, mostrando su irrenunciable piel de viejo priista que abusa del poder para perseguir beneficios personales. En este caso, Lozoya puso en evidencia que López Obrador utiliza a su antojo a la Fiscalía, supuestamente autónoma, para perseguir políticos del sexenio pasado y alimentar la ilusión de que está acabando con la corrupción.
Lo más importante del encarcelamiento de Lozoya no es el hecho en sí de que ahora pase sus noches tras las rejas. Lo más relevante y lo más grave del asunto es que muestra con claridad el uso político, tramposo e ilegal que hace el gobierno de la República de la justicia. El encarcelamiento de Lozoya muestra cómo una institución que debiera ser independiente no lo es y que su comportamiento obedece a los caprichos y la conveniencia política del presidente López Obrador.
