Luego de la demanda que México presentó en Estados Unidos en contra de 11 distribuidores y fabricantes de armas, por “prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas” en nuestro país, la Fundación Nacional de Tiro Deportico respondió que son falsas las acusaciones.

 

A través de un comunicado dejó en claro que “todas las armas de fuego que se venden al por menor dentro de los Estados Unidos, se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados. Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas”.

Acusaron que “la actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México”. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”.

Los distribuidores respondieron que en lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia.

“Recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, “es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, acusa el comunicado.

EN RESPUESTA

La embajada de México en Estados Unidos respondió anoche a través de un comunicado al gobierno de Estados Unidos.
“Los acusados ​​y la industria del comercio de armas en Estados Unidos intentarán deslindar cualquier responsabilidad por el tráfico ilícito de sus armas a México y por el daño que causan”.

El gobierno de México a través de la embajada enlistó los siguientes señalamientos:

  • 1. Casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México, entre el 70% y el 90% de ellas, fueron traficadas desde Estados Unidos. Los acusados ​​incluyen a los seis fabricantes estadounidenses cuyas armas se encuentran con mayor frecuencia en México: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Otro fabricante que ha sido demandado es Barrett, cuyo rifle de francotirador semiautomático calibre .50 es un arma de fuego militar muy apreciada por los cárteles de la droga. El último acusado, Interstate Arms, es un mayorista del área de Boston, a través del cual todos menos uno de los fabricantes demandados venden sus armas para revenderlas a comerciantes de armas en todo Estados Unidos.
  • 2. Los imputados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de manera que sepan que están armando a los cárteles de la droga en México. Los acusados ​​utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y se involucran en prácticas de venta peligrosas e ilegales utilizadas por los cárteles para obtener sus armas. Los acusados ​​diseñan estas armas para que puedan modificarse fácilmente para disparar automáticamente y hacerlas fácilmente transferibles en el mercado criminal. Los imputados saben cómo fabricar y vender sus armas para prevenir este comercio ilegal de armas; el gobierno de los Estados Unidos y la corte de los Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo. Los acusados ​​continúan desafiando estas recomendaciones y muchas otras, y en cambio optan por continuar abasteciendo al mercado criminal de armas en México, porque se benefician de ello.
  • 3. Los acusados ​​producen más del 68% de las armas de origen estadounidense traficadas, lo que significa que cada año venden más de 340.000 armas, que fluyen desde sus fábricas en Massachusetts y otros estados de EE. UU. A los delincuentes al sur de la frontera.
  • 4. En 2001, el gobierno federal de los Estados Unidos instó a los imputados a monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución para evitar el suministro de armas a los delincuentes. Los acusados ​​se negaron. El acusado Smith & Wesson llegó a un acuerdo de conciliación con el gobierno federal de los Estados Unidos, así como con varias ciudades estadounidenses, comprometiéndose a realizar reformas específicas a su sistema de distribución diseñadas para evitar que suministre armas al mercado criminal. Bajo la presión de otros en la industria, Smith & Wesson incumplió el acuerdo.