La creación del Tianguis del Bienestar, una propuesta de López Obrador para vender artículos decomisados ​​por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) en las zonas más pobres del país, enfrenta desafíos en el ámbito legal y también en criterios de transparencia para evitar favorecer a cierta población. 

Rodolfo de la Torre, director de desarrollo social del Centro de Estudios Espinoza Yglesias(CEEY) resaltó que la iniciativa podría perjudicar al mercado formal, ante una competencia desleal donde los consumidores encuentren productos a menor precio.

“Si se entra con mercancía de origen ilegal a lugares en lugares donde ha habido inversión para comercializar cumpliendo todas las disposiciones de ley, si habría un efecto adverso en las empresas”, apuntó de la Torre.

Actualmente, la comercialización de artículos confiscados conocidos como piratas están prohibidos en el país; así como los incautados por la falta de pago de aranceles. 

“Hay mercancía decomisada que viola las normas en cuanto a la propiedad intelectual, porque tienen una marca registrada, sino se corrige esto, si estaría violando la Ley Federal de Propiedad Intelectual, así como tratados internacionales como el T-MEC, esos artículos no se pueden regresar”, expuso.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el nivel de participación de la informalidad en la economía mexicana repuntó de manera importante pasando del 22.4% en el 2018 a 23.0% en el 2019.

Al termino del 2020, el valor de la fabricación de prendas de vestir en México fue de 36,327 millones de pesos, lo que representó una disminución anual del 33.7 por ciento.

SIN UN PLAN CLARO

El pasado 21 de junio, el presidente, anunció una reforma administrativa que permitiría vender artículos confiscados, pues la retención y almacenamiento de estos representan grandes gastos al erario.

“Estamos a punto de iniciar unos ‘Tianguis del Bienestar’, ustedes saben que todo lo decomisado se lleva a bodegas, ropa, calzado, ventiladores, aires acondicionados, juguetes, muchas telas. Y se rentan bodegas, pero muchas bodegas, como 200, 300 bodegas en el país. Como hay competencia desleal se tiene que quemar o destruir todo lo que son rollos de telas y de pacas de ropa. Todo eso ya va a cambiar”, indicó.

Sin embargo, el especialista del CEEY señaló como necesario tomar en cuenta tres pilares para crear una política que aproveche la venta de los artículos confiscados.

“Primero sería clasificar aquella que tiene viabilidad para regresar, después identificar a la población objetivo sin perjudicar a la industria nacional, y el tercero sería que exista un registro donde se reporten las acciones que se haga con esta mercancía”, comentó el directivo.

Agregó que por ahora esta propuesta no parece ser muy clara, por lo tanto, puede generar más perjuicios que beneficios. “Se requiere una planeación muy cuidadosa de que se va hacer con estos artículos”.