Fue en el 2007 cuando el Máximo Tribunal del país validó la reforma realizada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad México, la cual legalizó la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas. A partir de ese momento, el criterio fue que cada estado de la república tenía la libertad para legislar sobre este tema.
Casi 15 años después, la realidad es que el aborto sigue siendo un delito tipificado en buena parte del país. Ello ha provocado la realización de abortos clandestinos y en condiciones inseguras, lo que termina afectando a las mujeres más pobres y vulnerables.
Hoy, la Suprema Corte de Justicia está por tomar una decisión histórica que pone al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo como un valor fundamental.
En el primer día del debate, ocho de once ministros del Máximo Tribunal del país expusieron su postura, y consideraron que castigar a las mujeres que aborten con una pena de prisión atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la salud reproductiva.
El Ministro presidente, Arturo Zaldívar, se pronunció porque la decisión que se tome reconozca “sin medias tintas” el derecho a la mujeres a decidir sobre ellas mismas: “Desde hace 10 años he sostenido que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo. Criminalizar a la mujer, sobre todo a la más pobre y vulnerable, es profundamente injusto y abiertamente inconstitucional”.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar, responsable de la preparación de la propuesta a discutir, lo explicó más claramente: “No se trata de un derecho al aborto, sino a decidir sobre su cuerpo y su vida a ser o no ser madre sin penalizarla”.
¿Por qué es tan importante esta decisión? Sienta un precedente para que ningún estado pueda considerar al aborto como un delito para las mujeres.
Diversas investigaciones periodísticas e información oficial señalan que entre 2015 y 2019 se habían abierto más de 2,000 investigaciones por aborto. Si bien la decisión de la Corte es un gran paso, la victoria aún no está ganada. Activistas han señalado que las autoridades persiguen a las mujeres no por aborto, sino por homicidio en relación de parentesco e infanticidio, delitos que alcanzan penas de hasta 40 años de cárcel.
Así mientras algunos ya festejan la decisión, está el otro lado de la moneda. La Conferencia del Episcopado Mexicano, así como diversos grupos provida han manifestado su molestia y preocupación por la decisión: “Queremos recordar que el ser humano, hijo de un padre y una madre, cuya vida inicia en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de su vida, y merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su integridad”.
¿Y qué opina el Presidente? Recordemos que para él siempre ha sido un tema “escabroso”. Incluso en algún momento se manifestó porque el tema de la despenalización del aborto se consultara a la población: “lo mejor es que se consulte a los ciudadanos y que no se imponga una sola visión”. ¿Qué dirá en esta ocasión?
