Es el personaje del sexenio. El verdugo de presuntos corruptos y delincuentes. El villano de la película. Pronunciar su nombre en cualquier círculo ha puesto a temblar hasta a los más valientes. Se trata, nada más y nada menos que, de Santiago Nieto, el poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF).
Si bien Nieto ha rechazado que el gobierno federal utilice a esta dependencia con fines políticos a fin de congelar cuentas bancarias de los opositores, lo cierto es que prácticamente todos los críticos al Ejecutivo Federal han pasado por su escrutinio.
Hoy se conmemoran 17 años de la creación de la #UIF. La inteligencia financiera es la herramienta idónea que tenemos para identificar, analizar y rastrear a la delincuencia de cuello blanco, las redes criminales y combate al FT, así como los delitos relacionados. pic.twitter.com/3kOTAgbUjA
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 8, 2021
Creada hace 17 años, dicha Unidad tiene como objetivo fundamental la prevención y el combate a los delitos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Básicamente, su esquema de funcionamiento es recibir reportes de operaciones financieras, analizar la información, detectar irregularidades y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad.
Un tema polémico ha sido el llamado congelamiento de cuentas. Este mecanismo consiste en la limitación para que una persona pueda disponer de sus recursos si, a juicio de la UIF, hay indicios suficientes de su participación en actividades ilícitas. Esta orden es dada directamente por la UIF a las instituciones financieras, sin necesidad de que lo determine un juez.
Parece un mecanismo arbitrario, ¿no? Pues así lo consideró también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el Máximo Tribunal, congelar los recursos de una persona sin contar con una orden judicial es una medida que invade las facultades del Ministerio Público. Incluso puede considerarse que atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y la seguridad jurídica. Sin embargo, la Corte consideró una excepción: las cuentas sólo pueden congelarse en virtud del cumplimiento de una obligación con un gobierno extranjero o de un organismo internacional.
¿Es en verdad una instancia de combate a delincuentes o un arma de persecución política?
Para tratar de dar la vuelta al criterio de la Corte, el Senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para añadir un capítulo a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de regular el procedimiento y dar garantías a los afectados. Aprobada en el Senado, posteriormente fue a Diputados y luego regresó a la Cámara Alta con modificaciones, avalándose por mayoría en noviembre de 2020.
¿El problema? No resuelve el problema. La Corte dijo muy claramente cuáles eran los únicos supuestos en los que se permitirá el bloqueo. Pues, lo que hace la modificación es dejar abierto el bloqueo a juicio de la UIF, y lo único que hace es crear un procedimiento para escuchar al afectado y permitir que se defienda.
Hay otros dos elementos que se mantienen en la línea de la arbitrariedad: bajo pretexto de que la UIF no tiene los datos, además de que carece de personal y recursos, pasa la tarea de notificar al afectado del congelamiento a las instituciones financieras quienes también, en aras de la velocidad de las investigaciones, no tienen obligación de informar por escrito, sino que podría bastar una simple llamada telefónica.
No conforme con ello, Nieto va por más. Recientemente participó en un parlamento abierto sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En concreto, pidió a los legisladores su apoyo, a fin de tener más controles sobre las operaciones de fideicomisos, así como de sindicatos y partidos políticos.
A días de las elecciones, el escenario se complica. Santiago Nieto recién anunció la detección de empresas fachada durante las campañas y que en todos los casos se presentarán las denuncias correspondientes. Dijo que será hasta después de las elecciones cuando se den a conocer las investigaciones para evitar que se interpreten como interferencia del gobierno federal en el proceso electoral.
La pregunta es: ¿cuántos de estos casos estarán vinculados a candidatos opositores? Esperemos ver qué pasa el domingo.