Fue en su tradicional conferencia de prensa mañanera, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los amparos otorgados a la reforma eléctrica, “lo orillaron” a tomar una importante decisión: este año presentará una nueva reforma constitucional, a fin de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga asegurada una participación de 54% en la generación de electricidad.

Ello significa que no hay manera de quitarle de la cabeza al Ejecutivo el regresar al México de hace más de 80 años, fecha en la que a Comisión fue fundada por Lázaro Cárdenas, recuperando el pleno dominio de la industria eléctrica.

Desafortunadamente, en este tema como en otros, el presidente trae “otros datos”. Hoy, la CFE no tiene capacidad para cubrir por sí misma la demanda creciente de electricidad. Un dato preocupante: diversos expertos han advertido que en 10 años México requerirá 60% adicional de energía y que CFE únicamente podría aportar un 3.5% más.

 

Lo que se aprobó en la reforma de este año

 

En el mes de febrero, el presidente envió a la Cámara de Diputados, como iniciativa preferente, una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue aprobada por el Senado un mes después.

 

Básicamente, se trató de plantear nuevas reglas para dar prioridad a la energía producida por la CFE. ¿Cómo es eso? Pues resulta que teníamos un esquema en el que la energía eléctrica que se usa en el país se compra por medio de subastas, lo que significa que se elige la mejor oferta. En esas subastas, que existen desde 2013, participaban la propia CFE así como generadores privados. Cómo decíamos, la reforma aprobada permite que CFE decida con libertad a quien comprarle, privilegiándose incluso a sí misma.

 

¿Esto por qué es malo? Pues uno de los logros de la reforma energética impulsada por el entonces presidente Peña Nieto fue establecer que las centrales más baratas, que casi siempre eran plantas de energías limpias, serían las primeras en subir electricidad a la red. Ahora, por ejemplo, ya no se privilegiará a las fotovoltaicas o eólicas, poniendo en primer lugar las que vienen del combustóleo (que son las de la CFE).

Otro problema: las subastas también garantizaban un mejor precio, que ya no se respetará.

 

Un capítulo más de AMLO VS los empresarios

 

El tema eléctrico ha sido una excelente oportunidad para que el presidente insista con su narrativa y sus enemigos de siempre: el sector privado.

 

Para López Obrador y Manuel Bartlett, titular de la CFE, las subastas fueron una perversa maquinación para beneficiar a empresarios, que eran los únicos que acumulaban ganancias, dejando a la Comisión fuera.

¿Qué han dicho los empresarios? Han prendido las alarmas por lo que se viene y así lo han hecho saber en cuanta entrevista y foro se han presentado, advirtiendo que, de mantenerse, será la más devastadora para el país por sus posibles impactos a la economía. Entre las consecuencias señaladas está el hecho de frenar la inversión privada en energías renovables y que la generación será mucho más cara.

 

La batalla en tribunales

 

Apenas llevaba un día de su entrada en vigor, cuando diversas empresas acudieron a solicitar el amparo. Luego de revisar el caso, uno de los jueces revisores consideró, en una decisión inédita, que la suspensión de esta ley no sólo debería beneficiar a las empresas que acudieron ante la justicia, sino a todos los interesados, dada la magnitud del daño que podría causarse a competencia, a la libre concurrencia, así como al medio ambiente. Entonces, la Secretaría de Energía no tuvo otra más que publicar en el Diario Oficial que la nueva ley quedaría suspendida.

 

La reacción del presidente no se hizo esperar. Envió una carta al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, para pedirle que se investigara a los jueces involucrados. En sus palabras: “Es entendible, porque son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero”. Zaldívar respondió que no se había encontrado nada irregular y que se seguiría garantizando la autonomía a los juzgadores.

 

¿Y todo este relajo impactará en mi recibo?

 

Aunque el presidente ha dicho que no habrá ni apagones si aumentos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha dicho todo lo contrario. Según sus datos, las tarifas podrían aumentar 17%, toda vez que el costo de producción de la CFE fue 26% más que el de los productores independientes y el doble de las subastas. En respuesta, la CFE dice que esta reforma corregirá el aumento del 35% a las tarifas eléctricas causado por la reforma de Peña Nieto.

Lo cierto es que no parece una buena idea pelearse con el sector privado, el cual produce cerca de la mitad de la electricidad y cuyo costo es 35% más económico.

Históricamente, la generación privada no ha desplazado a la CFE, sino que por el contrario, se complementan, ya que la Comisión no ha tenido capacidad ni confiabilidad suficiente para garantizar el consumo.

No hay que ser científico para darse cuenta de que menores costos de generación permiten menores tarifas. Con estos datos y de aprobarse la reforma constitucional como la quiere el presidente, nos espera un futuro obscuro.