Las elecciones de junio pasado entregaron más de un resultado preocupante. En las últimas semanas han asumido o asumirán gubernaturas presuntos corruptos, probados incompetentes y, de facto, hasta un probable violador que gobernará a través de su hija. Con todo lo grave que pueda ser cualquiera de estos casos, los riesgos más alarmantes parecen estar en San Luis Potosí.

El domingo 26 de septiembre, Ricardo Gallardo tomó protesta como gobernador de San Luis Potosí. Sobre él abundan acusaciones de crimen organizado, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero. Estos son algunos de los señalamientos:

  • En 2015, entró a prisión acusado por delincuencia organizada y por desviar alrededor de 210 millones de pesos durante su gestión como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Permaneció once meses en la cárcel, de donde salió por una falla en el debido proceso y no por haber demostrado su inocencia.
  • En 2014, también siendo alcalde de Soledad, miembros del PRD ―al que pertenecía en ese momento― lo denunciaron ante autoridades del partido por, presuntamente, trabajar en contubernio con el Cártel del Noreste, escindido de Los Zetas.
  • Hay información de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene investigaciones abiertas contra Gallardo y su padre por el desvío de alrededor de 700 millones de pesos cuando, respectivamente, se desempeñaron como presidentes municipales de Soledad. El actual mandatario ha negado que existan dichas indagatorias.

En la historia reciente de nuestro país, contamos con al menos una docena de gobernadores y ex gobernadores señalados y hasta procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Hasta donde sabemos, esos lazos se forjaban en el transcurso de los gobiernos. En esta ocasión es aún peor: Gallardo toma protesta ya con la fama de colaborador del narco encima y con investigaciones en curso.

Por ahora, Gallardo y el presidente López Obrador están de luna de miel, ambos hablando de la maravillosa cooperación que tendrán en beneficio de los potosinos. Como el único gobernador del Partido Verde en el país, Gallardo se vuelve uno de sus líderes irrebatibles. Eso se vuelve muy conveniente para AMLO, que tiene entre sus preocupaciones perder el apoyo del Verde, cuya lealtad se vende al mejor postor en cada elección. Ahora que está de moda desaforar gobernadores, AMLO mantendrá el expediente criminal de Gallardo sobre el escritorio. Y ésa será una forma de mantener bajo su control al mandatario potosino y, en buena medida, al Partido Verde.

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