8 millones de suscriptores en Youtube no impidieron que “YosStop” fuera vinculada formalmente a proceso por el delito de pornografía infantil. Este caso generó un debate público sobre cuál debe ser el equilibrio entre libertad de expresión, derecho a la intimidad e información pública y privada, más aún tratándose de menores de edad.

 ¿Por qué la están denunciando?

De acuerdo con los abogados de la víctima, Yoss Hoffman, siendo mayor de edad y con plena conciencia de sus acciones, utilizó su canal de Youtube, el cual cuenta con millones de seguidores y recibe importantes dividendos en materia de publicidad, para realizar la descripción de un video de índole sexual, en la que participan menores de edad.

 

Según el equipo legal de la víctima, que en el momento de la difusión del material era menor de edad, el delito de Hoffman fue hacer público un video cuya existencia y contenido no lo era. Y este hecho debe ser castigado.

 

Al respecto, el Código Penal de la Ciudad de México es muy claro. El artículo 187 señala:

“Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados en donde participe un menor, persona que no tenga la capacidad de comprender el hecho o de resistir la conducta, se le impondrán de 7 a 12 años de prisión”.

 

Pero, ¡aguas! Esta pena también se aplica a quienes intercambien o compartan, por cualquier medio, el material al que se refiere el párrafo anterior. Y sí, por “cualquier medio” incluye cualquier red, WhatsApp incluido.

 

La pregunta respecto a que si ¿No es excesivo darles el mismo tratamiento a lo que crean el contenido que a quienes sólo lo difunden? la respondió un tribunal colegiado señalando que al tratarse de conductas que atentan contra los derechos humanos de los menores y generan un alto impacto social, se justifica otorgarles la misma penalidad.

 

Un aspecto que envuelve dicha resolución es el interés superior de la niñez, el cual se encuentra considerado en la Constitución. Este principio significa, entre otras cosas, que las autoridades están obligadas a hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlos, lo que incluye cuidar de su vida privada y datos personales.

 

Por su parte, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes señala que no podrán ser objeto de divulgaciones o difusiones ilícitas ni la información o los datos personales que atenten contra su honra, imagen o reputación.

 

¿Cómo les va en otras partes con este tema?

 

Países como Dinamarca han sido ejemplares en la protección a menores. Recientemente, se llevó a cabo una investigación que involucró a más de mil jóvenes que compartieron un video sexual explícito a través de sus redes sociales, los cuales fueron sancionados pues es un delito compartir este tipo de contenidos.

 

En España, desde 2015 es delito difundir imágenes explícitas de menores. Un caso muy sonado ocurrió en La Rioja, donde se detuvo a 5 personas por compartir, a través de whatsapp, un video de alto contenido sexual.

 

Estados Unidos también ha sido contundente en su manera de abordar este problema. Compartir este tipo de contenidos es delito, incluso si el propósito sea para denunciar a los responsables.

 

Pornografía infantil en México: un problema creciente

 

México ocupa los primeros lugares en pornografía infantil, según datos de organizaciones como el National Center for Missing and Exploited Children y End Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes y destacan la importancia de nuestro país como productor y distribuidor de material.

“Diariamente se realizan más de 100 mil búsquedas. Y en nuestro país operan más de mil 300 sitios clandestinos”

 

Recientemente, la Fiscalía General de la República coordinó un operativo que permitió la detención de una banda de mexicanos, quiene distribuían pornografía infantil a través de aplicaciones de mensajería para teléfonos celulares.


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