Los niños necesitan paz y protección en todo momento

Ex Directora Ejecutiva de UNICEF Henrietta H. Fore. 

Esta semana, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), dio a conocer su informe: “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”. La investigación documenta casos, de 2001 a la fecha, en escuelas de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Oaxaca, Morelos y San Luis Potosí. Las conclusiones son aterradoras: Más de cien menores, en 18 escuelas, fueron víctimas de abuso, violación sexual y pornografía infantil. Agrava el hecho el que fueron  sacados de sus planteles e incluso videograbados.

El documento puso de nuevo en la mesa la discusión sobre la prescripción de los delitos sexuales contra menores, que se refiere al plazo que hay para juzgar una acción delictiva.

Diversos estudios y expertos han señalado que el tema de la denuncia oportuna de los delitos cometidos contra menores es muy complicado por diversos factores: Muchas veces no comprenden que vivieron un episodio de abuso sexual o, las más de las veces, el victimario de trata de una persona cercana. De ahí que cifras de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señalen que sólo el 6% llega a denunciar.

¿Una buena noticia?: Aunque aún falta la discusión en Diputados, el Senado aprobó que estos delitos no prescriban.


En su última sesión de abril, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal para asegurar que los delitos de: distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, turismo sexual infantil, acoso sexual de menores, lenocinio, pederastia, abuso sexual, así como violación se puedan sancionar en cualquier momento.

¿Esto qué significa? Al quitar la limitante del tiempo los agresores podrán ser investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las acciones inicien muchos años después.

El dictamen aprobado por el Senado reconoce la gravedad del problema para México, pues según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar, con una cifra de 5.4 millones de casos por año.

Otros datos: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en la primera infancia los principales agresores son padrastros, abuelos (30% y 30% respectivamente), seguidos por tíos, primos, hermanos o cuidadores, en el 40% restante. Pero, al pasar a edad escolar, los primeros lugares de abuso los ocupan maestros y sacerdotes.

De concretarse la aprobación en la Cámara de Diputados, se tratará de un importante avance para nuestro país. Sin embargo, es importante prepararse también para lo que seguirá después. Y que la ley no se quede simplemente en buenas intenciones.

¿La mala? Si de por sí es muy difícil la presentación de denuncias en estos casos, al pasar los años las pruebas se desvanecen. Y los culpables pueden seguir libres.

Desafortunadamente, en su gran mayoría, se trata de hechos que se cometen sin testigos. Y al no existir evidencia física, se queda en un caso de “mi palabra contra la suya”. En estos casos, las mejores prácticas y las recomendaciones de derechos humanos señalan que hay que darle un mayor peso al dictamen pericial en materia psicológica. Así, el experto tendrá en sus manos analizar el relato de la víctima y las consecuencias que presenta, aún transcurrido el tiempo.

En suma: si como país buscamos combatir de raíz el grave problema del abuso infantil, la respuesta no sólo está en las leyes. Lo cierto es que aún hay mucho por hacer en términos de capacitación y diseño de protocolos que antepongan a las víctimas.