El presidente manifestó que contar con funcionarios competentes no es prioritario. Es emblemática su declaración sobre lo que espera de quienes trabajan en su gobierno: “lo que más nos importa de todo es la honestidad; si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia”. Más allá de las declaraciones, hay  acciones concretas que desmerecen las cualidades profesionales de la administración pública. Registramos algunas de las más importantes.

Despido de funcionarios y funcionarias

Una de las acciones que impulsó merma de profesionalización de la burocracia al inicio del sexenio fue el despido masivo de empleados públicos y empleadas públicas. En los primero siete meses del gobierno actual, se despidió a casi medio millón (444,503), según reportó La Silla Rota con datos de la Secretaría de la Función Pública. Tan sólo en enero de 2019, despidió a 10,585 personas que trabajaban en el Gobierno Federal, casi tres veces más que en enero de 2013, cuando arrancó la administración de Peña Nieto (de acuerdo con información del IMSS).

La permanencia de funcionarios y funcionarias a lo largo del tiempo, y a pesar de los cambios de gobierno, es una de las características principales de una administración pública eficiente. Esta continuidad permite a los y las burócratas acumular conocimientos y experiencias, en beneficio de las instituciones en que trabajan.

 

Menor preparación académica

No sólo se ha despedido a muchas personas en el servicio público, sino que han sido sustituidas por otras con menores credenciales académicas. Identificamos en el Censo Nacional del Gobierno Federal del Inegi que, en promedio, los funcionarios y funcionarias de esta administración cuentan con menos estudios que los de la anterior, según la comparación entre 2018 y 2019 (es decir, el último año del sexenio de Peña Nieto y el primero completo de López Obrador). Las servidoras públicas y los servidores públicos federales con maestría pasaron de representar 9% del total a sólo 3.1% (dos tercios menos); los y las que tienen licenciatura pasaron de 44.6% a 41.2%, mientras quienes cuentan con carrera técnica se redujeron a la mitad, pasando de 14% del total de empleados y empleadas del gobierno federal a 7%.

 

Profesionalización decreciente de servicios

Además de las acreditaciones de los funcionarios y las funcionarias, también se disminuyó la profesionalización la prestación de servicios.

 

Caso de las estancias infantiles

Entre 2007 y 2019, operó en México un sistema en que el Estado aportaba, en promedio, nueve de cada diez pesos que pagaban las familias de los menores de cuatro años que acudían a las estancias infantiles inscritas en el programa. En febrero de 2019, el gobierno de López Obrador anunció que el programa cambiaría. Desde entonces, se entregaría el dinero directamente a las familias, en lugar de transferir los recursos a las estancias. En consecuencia, decenas de miles de madres, a quienes estaba dirigido el programa, perdieron un servicio que les permitía trabajar mientras sus hijos e hijas permanecían en un espacio especialmente diseñado para acogerlos y acogerlas. Es cierto que muchas de las estancias eran mejorables, pero también es cierto que se exigía que el personal que ahí trabajaba contara con capacitación especializada para atender a los niños y niñas (en áreas como educación, nutrición infantil y salud), así como cumplir con ciertas condiciones de seguridad. Más aún, Natalia Torres documentó para Nexos que con la nueva versión del programa hay menos beneficiarias que antes (2020).

Caso de la evaluación educativa

Un ejemplo más del desprecio por profesionalizar el servicio público es la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), órgano autónomo constitucional que se encargaba de evaluar a estudiantes, docentes y al sistema educativo en su conjunto. El INEE fue sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), un organismo público descentralizado que no goza de autonomía constitucional y cuyas atribuciones fueron acotadas en comparación con las del INEE, dejando más espacio a decisiones arbitrarias del gobierno federal.

 

En conclusión, hay varios elementos que muestran como, desde el inicio de este sexenio, la administración pública federal perdió capacidad técnica y, con ella, recursos para entregar bienes y servicios de calidad. Hay evidencia clara en el mundo de las ventajas de contar con cuerpos profesionales de servidores públicos, incluida la disminución de la corrupción, supuesta bandera principal de Morena. La poca profesionalización en marcha del servicio público ya ha afectado a la ciudadanía de manera palpable, como es el caso de las estancias infantiles. Sin embargo, las consecuencias más severas no llegarán pronto; quizá ni siquiera en este sexenio.