El pasado mes de julio, la Secretaría de Gobernación, anunció por instrucción presidencial, la elaboración de un decreto para ajustar la política penitenciaria y disminuir la población más vulnerable en las cárceles mexicanas. 

Este decreto permitiría la libertad de los presos torturados, mayores de 75, enfermos crónicos mayores de 65 o que lleven sin sentencia más de 10 años por delitos leves.

Cabe destacar que, en México, casi el 40% de las personas privadas de su libertad no tienen una sentencia, es decir, un juez aún no dictamina si son culpables o no de un delito. Así lo indican los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En términos generales, el instituto de estadística refirió que la tasa nacional de ocupación se ubicó en 96.7%. Por otro lado, comparado con el 2019, al cierre del 2020 el total de espacios en los centros penitenciarios federales y estatales disminuyó 3.6 por ciento.

Al cierre de 2020, la cifra de personas privadas de su libertad era de 211 mil 169 a nivel nacional, de las que el 94.4 por ciento eran hombres y el 5.6 por ciento mujeres.

En el país existen varias organizaciones que trabajan en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas están Documenta AC,  La Cana, Fundación Rebeca Lan. 

Otra más es la asociación civil AsiLegal, la cual subrayó como necesario trabajar en diferentes ejes como capacitación en el trabajo, trabajo, educación, deporte y salud, para llevar una reinserción verdadera en las personas que salen de las cárceles.

Por su parte, la organización Reinserta indicó que este tema es uno de los problemas más graves del país ya que no se sabe con certeza, en principio, cuántas personas encarceladas son reincidentes.

Incluso, resaltó que al interior de los centros penitenciarios no hay espacios y herramientas suficientes para poder lograr los programas de reinserción social.

De acuerdo al artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal, “la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos”.

Sobrepoblación en cárceles

Lamentablemente, muchos centros penitenciarios del país cuentan con sobrepoblación, donde según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), seis de cada 10 cárceles federales en el país, cuentan con sobrepoblación.

Según Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 66% de los centros penitenciarios cuenta con deficiencias en programas laborales y de capacitación y 51% en programas de rehabilitación de adicciones. 

Asimismo, en 51% no existe una separación clara entre personas procesadas y sentenciadas y en el 13% deficiencias en la clasificación de quienes se encuentran cumpliendo una sanción. 

En cuanto al clima de violencia, en el 42% de los centros penitenciarios hay deficiencias en las estrategias para la atención y prevención de actos violentos, en el 44% se desarrollan actividades ilícitas y en el 33% existe autogobierno. 

Mientras que en el 2020 ocurrieron 278 riñas dentro de los centros penitenciarios estatales, es decir 23 mensualmente; asimismo se registraron 17 homicidios, lo que se traduce en un promedio de 1.4 al mes.

Reforma penitenciaria en CDMX

El pasado mes de julio, el gobierno de la Ciudad de México anunció que promoverá una reforma penitenciaria para pasar la administración de las cárceles y centros de reclusión de la Secretaría de Gobierno a la de Seguridad Ciudadana.

Actualmente, el Sistema Penitenciario de la capital del país consta de tres reclusorios (norte, sur y oriente), dos centros de sanciones penales varoniles (norte y oriente), una penitenciaría, un centro varonil de rehabilitación psicosocial, un centro varonil de reinserción social y dos centros femeniles de reinserción social. En total existe actualmente una población privada de su libertad de 26 mil 229 personas.

El Reclusorio Varonil Norte, por ejemplo, se han detectado problemas como sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, así como inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.

 

Adriana Estrada