En México la pena de muerte se encuentra totalmente proscrita desde 1961, cuando se llevó a cabo este tipo de ejecuciones en el fuero militar.

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El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubica en 1835, cuando se redactó el primer Código Penal del país que contemplaba la pena de muerte. El acusado era llevado públicamente al patíbulo y era pasado “por armas o por garrote”.

La reforma hecha al Código Penal en 1869 abolió la medida. Sin embargo, fue reinstaurada dos años después.

La condena fue abolida a nivel federal en 1929, de acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Y en la actualidad no se puede restaurar gracias a la firma de México en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida como ‘Pacto de San José’.

En su artículo cuarto, que trata sobre el Derecho a la Vida, señala que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido“.

 El último intento por restaurar esta práctica en el país ocurrió en 2018 dentro de la LXIII Legislatura, según lo señalado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara baja.

En esta, el Partido Verde ‘revivió’ su propuesta de 2009 y propuso la pena de muerte para castigar a quienes cometan el delito de homicidio doloso vinculado a otros como secuestro, violación, trata de personas y crimen organizado.