¿Alguna vez te has preguntado por qué desaparecen las personas en México? 

La respuesta no es sencilla. Podemos tener teorías basadas en casos que hemos escuchado, pero es necesario reconocer la falta de sensibilidad y entendimiento, muchas veces de los tres niveles y órdenes de gobierno, sobre este tema.

Por más de una década, las autoridades mexicanas no otorgaron ninguna información sobre la desaparición de personas. Fue hasta el sexenio de Felipe Calderón cuando empezó a hacerse visible esta problemática. 

A pesar de que no existen datos oficiales sobre la causa de la desaparición, algunos organismos ubican que en el caso de los hombres pudiera estar relacionada con el crimen organizado, mientras que en el de las mujeres podría obedecer a la trata o la acendrada impunidad machista. 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado al gobierno mexicano a dar una debida respuesta, para que familiares de las víctimas de desaparición tengan acceso a la verdad y la justicia.

Hay que destacar que por presiones de organizaciones de la sociedad civil y de las familias de las víctimas, en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se creó el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED ), el cual por más de seis años funcionó como el sistema oficial para atender este controvertido asunto.

Con la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desapariciones, en enero de 2018, el RNPED, sería sustituido por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Sin embargo, la sustitución no llegó, y el RNPED estuvo sin actualizarse por más de dos años. Fue hasta julio pasado cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que de 2006 –cuando inició la guerra contra el narcotráfico– a la fecha, existe un registro de 73 mil 201 personas desaparecidas y no localizadas en México. A lo que hay que sumar 3 mil 978 fosas clandestinas y 6 mil 625 restos de cuerpos exhumados.

Esto demuestra que las desapariciones de personas tampoco cesaron en México, pese a que nuestro país atraviesa por una situación de confinamiento provocada por la pandemia del coronavirus.

Muchas de estas personas desaparecidas o no localizadas, podrían estar en los Servicios Médicos Forenses, los cuales reportan más de 30 mil restos sin identificar.

Cabe resaltar que, de manera reiterada, las familias se quejan por la falta de acciones inmediatas de las autoridades para la búsqueda en vida de sus seres queridos.

A pesar de que existe el Sistema Nacional de Búsqueda y se creó la CNB, la realidad demuestra la falta de eficacia en este rubro que es el más importante para las familias.

La falta de planeación, la acción de las autoridades para iniciar la búsqueda 72 horas después de la desaparición y la deficiente coordinación entre autoridades, son algunos aspectos que urge resolver, alertan los especialistas.

No hay que olvidar que, a lo largo de los años se han conocido casos extraordinarios de falta de sensibilidad de funcionarios encargados de explicar a las familias sobre la identificación, de resolver sus dudas y de entregar los restos para su inhumación. 

A través de los medios de comunicación, también se ha visto dolorosos ejemplos de familiares que han sufrido amenazas, ataques o incluso han sido asesinados por haber exigido justicia, como los sonados casos de Miriam Rodríguez en Tamaulipas, o el de Marisela Escobedo, en Chihuahua.

Las nuevas autoridades de la Secretaría de Gobernación, hoy a cargo de Adán Augusto López Hernández, tienen una enorme responsabilidad en este asunto que ha llenado y sigue llenando de luto a miles y miles de familias mexicanas que le increpan en el rostro al Jefe del Ejecutivo con una frase que, ahora, parece decir nada:

“¡Vivos se los llevaron. Vivos los queremos!”